La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció esta semana que la comisión delegada de Asuntos Económicos aprobará próximamente medidas de revisión de las condiciones financieras de las operaciones pendientes que un conjunto de municipios mantiene con el Fondo de Financiación a Entidades Locales. La iniciativa se traduce en que localidades que recibieron financiación del ministerio para afrontar sus deudas tendrán 10 años más para liquidar esos préstamos.
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Según informó este periódico, unos 36 municipios podrán adherirse al plan anunciado por la vicepresidenta, cinco de los cuales son granadinos. Se trata de Albuñol, Guadahortuna, Maracena, Rubite y Otura. No está, sin embargo, Granada, a pesar de que otras urbes con poblaciones similares, como Jaén o Jerez de la Frontera, sí aparecen como posibles beneficiarias.
La ausencia ha sorprendido al equipo de gobierno nazarí, que este viernes ha criticado que en los planes de Hacienda no aparezca la ciudad. Para el portavoz municipal, Jorge Saavedra, resulta «inexplicable» que Granada se quede fuera de una medida que va a suponer un alivio financiero para todas las beneficiarias. El dirigente, que ha reconocido que solo ha tenido noticia del anuncio de Montero por los medios de comunicación, ha lamentado que sí aparezcan otras capitales intervenidas por el ministerio y ha exigido a la ministra «igualdad de trato».
El popular ha argumentado que la medida anunciada puede tener un impacto relevante en la capital nazarí si tuviese acceso a la misma. En total, según los cálculos realizados por los técnicos, la extensión de la amortización de los préstamos que Granada tiene pendientes con Hacienda le permitiría ahorrar unos 2 millones de euros al año. Como ha recordado, se trata de una cantidad importante «que podría aplicarse a la mejora de los servicios municipales y de partidas importantes para la ciudad».
Saavedra ha exigido «explicaciones» a Montero y ha enfatizado que la ciudad quiere que se le detalle la norma. «Queremos que se expliquen cuáles son los criterios por los que unas ciudades sí y otras no son beneficiarias, que se explique por qué Jaén o Maracena, por mencionar localidades que sí están en el listado, van a ponder disponer de esos diez años más para pagar y nosotros no», ha dicho.
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El popular, por otra parte, se ha referido a otro de los anuncios de la vicepresidenta, que abre la puerta a que municipios que pongan el tipo impositivo del IBI en el 0,8% puedan ampliar a 20 años el periodo de liquidación de la deuda. Saavedra ha recordado que la capital nazarí lo tiene en estos momentos al 0,63%, lo que permite que la tasa sea menor para los granadinos, y ha dejado entrever que no está en los planes del equipo de gobierno cambiar esa disposición. «Esto deja fuera también a Granada», ha lamentado el popular, que ha sentenciado que la situación financiera de la capital exige que la respuesta del equipo de gobierno sea «rotunda» y, por tanto, de ahí la exigencia «de las mismas condiciones» trasladada al Ejecutivo.
La situación financiera municipal ha mejorado a lo largo de los últimos mandatos. La aplicación del plan de ajuste ha permitido a la ciudad ir mejorando los ratios que determinan el estado de salud de las cuentas. Para facilitar esa evolución, la capital ha debido tomar decisiones que, al tiempo que la liberaban de deudas con proveedores, limitaban su rango de acción. En concreto, la ciudad se ha visto obligada en dos ocasiones a suscribir planes de financiación planteados por el ministerio para reducir el 'agujero'. Básicamente, a cambio de fondos con los que abonar las facturas pendientes, Granada ha contraido obligaciones económicas con Hacienda a las que debe hacer frente hasta 2035. Dos son los préstamos que actualmente mantiene con el ministerio, según ha informado Saavedra este viernes. Uno que ya se está abonando de 40 millones y otro de casi 38 millones que no empezará a pagarse hasta 2028.
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