La renovación del Plan Especial del Albaicín y del Sacromonte es uno de los asuntos pendientes del Ayuntamiento de Granada. Con 35 años cumplidos, ... el documento sigue a la espera de una actualización que adapte el reglamento a las necesidades que tienen en la actualidad los dos barrios. Retos como el freno a la despoblación o la dotación de todos los equipamientos siguen estando en el punto de mira del Ayuntamiento, que avanza en su redacción, aunque a paso lento.
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Hace apenas unos días, la junta de gobierno local aprobó la licitación de un contrato de asistencia técnica para la redacción de los documentos de evaluación ambiental estratégica, valoración de impacto de la salud y memoria económica del nuevo Plan Albaicín. El expediente supone el primer avance en la planificación desde hace un año, cuando el equipo de gobierno anunció su intención de incorporar a la oficina técnica encargada de la redacción del nuevo Plan General el trabajo ya realizado sobre el barrio en los últimos dos mandatos con la intención de acelerar su finalización.
La licitación tiene como objetivo culminar algunos de los trámites pendientes para su aprobación, pero quedan aún cuestiones en el aire que deben ser resueltas. La más importante, como contó hace justo un año este periódico, es la respuesta a las más de 300 sugerencias presentadas por vecinos y asociaciones al borrador que presentó en su momento el equipo de gobierno del socialista Paco Cuenca. No obstante, queda por ver también cómo se enlaza el Plan Albaicín con el nuevo PGOM, que también está en redacción.
Sea como sea, según confirman desde el equipo de gobierno, el interés de Urbanismo es el de seguir avanzando en la finalización de los procesos pendientes con la vista fijada en el final de este año. Es el plazo que maneja el área, que encabeza el popular Enrique Catalina, para llevar a aprobación inicial el expediente.
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25 años de retraso
El mundo era otro cuando Granada se propuso por primera vez la renovación del actual Plan Albaicín, que lleva en vigor desde 1990. Fue en 2001, antes del ataque a las Torres Gemelas, la gran crisis de 2008, la revolución de las redes sociales o la pandemia. El tripartito que gobernaba en ese momento la ciudad se planteó la adaptación del ordenamiento del histórico barrio para hacerlo coincidir con el diseño del nuevo Plan General que se tramitaba en ese momento y que, como ocurre con el PEPRI, sigue siendo el vigente en la capital.
Aquel intento cayó en saco roto, mismo resultado que obtuvo el segundo. Fue en 2007, con los populares ya al frente de la corporación municipal. Torres Hurtado escogió al mismo equipo redactor del documento original para su actualización, pero diferentes problemas impidieron que se llevase a cabo.
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El que está ahora en marcha es el tercer intento, que empezó a cobrar forma en 2016. Tras la abrupta salida de Torres Hurtado, los socialistas renovaron el área de Urbanismo y ordenaron que se recompusiera el trabajo hecho previamente en relación con el Plan Albaicín. Ya entonces se pusieron sobre la mesa asuntos que, a día de hoy, siguen en el foco, como la limitación de las viviendas turísticas.
Avance del plan
Tres años después, al final del primer mandato de Cuenca, se presentó un avance del plan. El trabajo sobre el documento, sin embargo, se vio afectado por la aprobación de la Lista, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, obligó a rehacer el texto al exigir planteamientos que la normativa urbanística autonómica anterior no contemplaba.
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En octubre de 2022, de nuevo con Cuenca al frente del Consistorio, se planteó el avance que sirve ahora de base para los trabajos de los populares. Ese documento establecía once zonas distintas entre el Albaicín y el Sacromonte, en función de su naturaleza. Las ocho donde primaba lo residencial tenían limitadas el uso terciario. Las tres restantes -ubicadas en el entorno de la abadía, la zona de las cuevas de las zambas y el eje del Darro, sí permitían un uso compatibilizado de sectores como el dotacional o el terciario.
Aquel documento, no obstante, destacaba por la inclusión de planes de reforma interior, como las previstas en San Luis, Maristán y Carmen del Negro, y varios viales de conexión para acceder al Sacromonte. También incorporaba aparcamientos subterráneos previstos en lugares como Fajalauza o Elvira.
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En abril del año pasado, como informó este periódico, las labores se concentraban en la revisión de la normativa para incluir las observaciones realizadas por los técnicos de Cultura. Entonces ya se preveía la tramitación de la evaluación ambiental y la memoria económica, pasos que ahora finalmente está dando el equipo de gobierno.
Los vecinos del Albaicín empiezan a ver la luz al final del túnel. Son los primeros que reciben con buenos ojos los avances en el desarrollo de un Plan Especial que esperan desde hace años. Aseguran que esta es una de las tareas pendientes a nivel urbanístico en el barrio y celebran que se haya agilizado el procedimiento para su consecución. «El Plan Especial facilitará la vida en el barrio para que más gente quiera vivir aquí», señala el portavoz vecinal, Pepe Bigorra.
Desde la asociación de vecinos ya hicieron hace años una serie de sugerencias a tener en cuenta al Ayuntamiento, entre las que destacaron cntar de nuevo con una oficina técnica de urbanismo en el barrio, donde se atienda al público y se informen los expedientes con mayor conocimiento y eficacia, con el modelo que ya tenían hace años con una sede en la Plaza Aliatar. Pidieron que este punto contase con un técnico de la Delegación de Cultura que informe los expedientes con más datos.
También solicitan un convenio entre el Ayuntamiento y Cultura (tanto en los aspectos administrativos como en los técnicos), que permita una intervención más rápida en las labores de mantenimiento y limpieza de los BIC para evitar que los grafitis provoquen un efecto llamada. El procedimiento actual provoca que las pintadas estén más de un año en las superficies.
Además, hablan sobre la clasificación de la zona del futuro parque de San Miguel como Sistema General de Espacio Libre, al menos en la parte que es de titularidad municipal.
Sobre el uso residencial del barrio, demandaron matizar más este aspecto para preservar sus características sociales y culturales y que se estableciese la normativa urbanística como un barrio de residentes permanentes; es decir, una zona de vecinos, de gente que vive el barrio debido a la dificultad para habitar en este punto por razones de «incomodidad» y restricciones de movilidad de sus habitantes.
En el documento también expresaron su disconformidad a la prohibición de fachadas mixtas de ladrillo visto y revoco, ya que existen en el barrio un gran número de edificios de esas características, así como la colocación de ventanas de PVC en color y textura de madera y persianas enrollables sin guía, del tipo tradicional de lamas de madera y cuerda.
En cuanto a las terrazas planas, solicitaron que se deje la norma como está en la actualidad, con la limitación del 10% para cualquier uso; y aclarando que podrán mantenerse las terrazas existentes si se han ejecutado legalmente y, en caso contrario, atendiendo a la fecha de construcción si es anterior a la vigencia del Pepri actual; y, en todo caso, atendiendo a las condiciones legales de prescripción del deber de reposición del orden urbanístico alterado.
A la vista de la degradación del paisaje urbano y la contaminación visual que se produce en muchas fachadas de edificios e incluso en tramos enteros de calle, en las tiendas de artículos para turistas, sugirieron que la ubicación de mercancías y otros objetos en el exterior sea «temporal».
Otra de las peticiones que incluyeron fue la solicitud para hacer mención a la situación de las cuevas ilegales existentes en la ladera de San Miguel, como ocupantes de un suelo público destinado a parque periurbano.
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