El Ayuntamiento rescata el proyecto urbanístico del cerro de San Miguel

En una reunión entre representantes de la asociación de vecinos, técnicos, el concejal de Urbanismo, Luis González y el 'alcalde de barrio', Francisco Fuentes, los miembros del equipo de gobierno trasladaron su intención de poner en marcha los trabajos previos para iniciar ese plan especial. El compromiso llega después del agravamiento de la situación en el cerro en los últimos años y las continuas reclamaciones de los vecinos ante los problemas de convivencia con los moradores.«San Miguel es ahora mismo un sitio muy conflictivo, en el que el Ayuntamiento está perdiendo patrimonio», recuerda Pepe Bigorra, vocal de la asociación del Albaicín.

El Ayuntamiento tratará de analizar la situación de las cuevas, cuáles están ocupadas, si son privadas o públicas... También darán traslado de la situación a las empresas suministradoras de electricidad y agua, para que procedan a cortar los 'enganches' de las cuevas.

La tramitación de este tipo de proyectos no es sencilla y se puede dilatar durante años. Son muchos los frentes abiertos, como reconocen los propios vecinos: hay que hacer un estudio de la situación legal y urbanística de las cuevas, sin dejar de atender a la situación social de sus inquilinos.

No es el primer intento por regularizar la situación en el cerro. En 2014 se desalojaron y algunas de ellas fueron selladas, pero días después volvieron sus ocupantes. En 2018, el Ayuntamiento reactivó la maquinaria para restituir la legalidad en el cerro. Los técnicos localizaron 64 cuaves, de las cuales 7 eran de titularidad privada y el resto estaban ubicadas en suelo público. En 13 de ellas había obras ilegales. Se anunció el inicio de los trámites para obtener un permiso judicial de desalojo y tapar luego las cavernas. En marzo del pasado año se estaba ultimando un proyecto de intervención en las cuevas.

La situación, según los vecinos, ha ido a peor. Celebran el compromiso por parte delAyuntamiento para reactivar la reforma que, según estaba establecido en el PGOU, debió comenzar hace ya más de una década.