El Ayuntamiento «trabaja» para hallar una solución para el matrimonio desahuciado

Huertas recordó que los servicios sociales municipales ayudaron a la familia antes del desalojo y peinaron la ciudad para encontrar una vivienda que se adaptara a sus necesidades. El dirigente señaló que, tal y como apuntaron los afectados, el piso que se les iba a conceder para evitar que se vieran en la calle fue ocupado hace dos semanas.

El responsable de Derechos Sociales, no obstante, aseguró que en el expediente de la pareja consta que son propietarios de una vivienda de la que actualmente dispone un familiar y que es precisamente el piso al que se dirigieron ayer antes de la ejecución de la sentencia. En este sentido, el concejal señaló que, tal y como informaron tanto Manuel como Encarnación, la situación deriva de la pérdida de una pensión no contributiva de 390 euros perdida por la falta de un documento y dejó en manos de la familia que «aclararan» la situación con la idea de poder encontrar una solución que se adaptara a las necesidades de ambos.

El grupo municipal de Podemos-IU se expresó también por lo sucedido a la pareja. La edil Elisa Cabrerizo insistió en que no es posible que se desaloje a personas en mitad de una pandemia y clamó por una solución habitacional digna para la pareja. La edil criticó, como hicieran los afectados el día anterior, la falta de respuesta del Ayuntamiento antes de que se produjera el desalojo y pidió una mayor implicación de la administración.

«Desde la administración local, se atendió a la pareja y se buscó una solución habitacional, pero posteriormente hubo una ocupación y a partir de ahí ya no ha habido más respuesta», lamentó la edil. «El problema es que no existe una vivienda pública y, por más que los servicios sociales se pongan a trabajar como locas, no disponen de recursos suficientes para poder ofrecer a los afectados. En este caso es aún peor porque son personas mayores y hay una menor de 14 años afectada, por lo que no hay lugar para una ejecución de desalojo porque no hay alternativa habitacional digna para ellos. Estos desahucios son el cancer de la sociedad, amianto social porque afectan a personas sin alternativas y a las que no se les ofrece soluciones suficientes. Lo mismo está ocurriendo en el cortijo de la Nocla, donde se va a desalojar a 72 personas sin ningun recursos habitacional. Y con ellos ha pasado igual. No se puede desahuciar de forma legal, pero es que en este caso es peor todavía porque no hay alternativa. El Ayuntamiento tiene viviendas públicas y debe ofrecer una solución inmediata», aseguró la concejala.