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El alcalde de Beas de Guadix, Juan Jesús Porcel, se reunió ayer con el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, para pedir la declaración de «zona catastrófica» del barrio afectado en la localidad por los derrumbes del cerro del Castillejo. Una treintena de familias residen ... aún en la zona a pesar de la orden de desalojo de bomberos bajo su propia responsabilidad. Según ha asegurado el regidor a este periódico, el Consistorio presentará un expediente anexo que incluye el proyecto sobre la actuación que se contempla en el terreno, así como el informe definitivo de bomberos, los dos únicos documentos pendientes para que conseguir la declaración.
Desde subdelegación del Gobierno indicaron que el Ministerio valorará si se cumplen los requisitos necesarios para la consecución de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Entre ellos, daños personales o materiales «que perturben gravemente»las condiciones de vida de la población en un área determinada que afecte a algún servicio público.
Porcel está también a la espera de poder reunirse mañana con el delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados, tras contar ya con un anteproyecto elaborado por Diputación sobre la actuación necesaria. La ladera se ubica en la parte superior del pueblo y provoca desprendimientos desde hace 15 años sobre una treintena de viviendas distribuidas en dos líneas. Una primera está ubicada justo por debajo del cerro, mientras que otra segunda comprende la calle Perchel.
El primer edil reclamó hace justo una semana que las administraciones se hiciesen cargo de los 885.000 euros que necesitan para acometer la actuación, ya que el Ayuntamiento no tiene capacidad económica para hacerse cargo y admitió que desconocía a quién pertenece la competencia.
El anteproyecto elaborado por Diputación contempla una solución al cerro del Castillejo que pasa por quitar presión a la ladera. Según detalla el alcalde, esto se haría a través de la eliminación de forma escalonada de la tierra que compone el cerro, que actualmente mide 30 metros de altura.
El desmonte se ejecutaría hacia atrás, en la parte en la que no hay viviendas y dejaría el terreno escalonado. Además de la reducción del peso, también se desarrollarían tareas de sujeción y fijación de la parte no desmontable, así como un refuerzo de la fachada. Así conseguirían acabar con los desprendimientos de montones de tierra y rocas que sufren los vecinos desde hace 15 años.
Aparte de esta actuación, el anteproyecto incluye el desalojo de las 31 familias afectadas en la zona y el coste de su estancia en otras dependencias durante los siete meses que durarían las obras. El alcalde insiste en que esta es «la mejor solución», ya que solo la reubicación de los vecinos de forma definitiva no solucionaría el problema de los desprendimientos. Por el momento, se mantiene la orden de desalojo de los bomberos, aunque la mayoría de los vecinos continúan allí bajo su responsabilidad.
Los derrumbes se repiten en el municipio con las lluvias, pero también cuando las altas temperaturas hacen que la arcilla se seque. La última gran caída de tierra en el entorno se produjo hace justo un año, en septiembre de 2023, cuando el regidor ya denunció la situación «de emergencia» en la que vivían los residentes. Este problema obligó en noviembre de 2021 a cerrar el centro de interpretación de la localidad, como medida preventiva.
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