«Tuve que buscar un equilibrio entre avanzar el proceso judicial y desarrollar el pueblo»

«Tuvimos que hacer equilibrismo para que la instrucción del caso continuara sin que algunos proyectos, siempre dentro de la legalidad, cayeran definitivamente para evitar más daños y la ruina del municipio. Había muchas familias que esperaban incluso su VPO y ellos no habían hecho nada malo», reflexiona.

A juicio de Gamarra, Alhendín no supo contener las presiones de los intereses económicos en la época previa al pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008. «El PGOU de 2003 liberó mucho suelo y el Ayuntamiento cedió en la etapa del PP a presiones de muchos empresarios. El PSOEinterpuso una de las primeras denuncias en fiscalía, cuando yo estaba de concejal en la oposición. El 'caso Marchal' ha sido y es un lastre para la localidad. Es un mal mensaje para todos que 20 años después no se haya encontrado una solución. La instrucción, en tiempo y formas, dejó mucho que desear. Va en detrimento de los propios imputados y de los afectados por esta macrocausa urbanística», concluye el exalcalde.