La Cámara de Cuentas detecta un rosario de irregularidades tras auditar la gestión económica de Atarfe en 2017

La Cámara de Cuentas ha hecho hoy público resultados de una doble auditoría, de cumplimento de legalidad y financiera, que detecta hasta 38 irregularidades, en la gestión económica del Ayuntamiento de Atarfe durante el ejercicio de 2017. Algunos de los incumplimientos en materia de personal o deuda son graves, como la prestación de servicios sin contrato por parte de una empresa, la situación «irregular» de 86 trabajadores laborales indefinidos o la inexistencia de un «criterio objetivo» para la percepción del complemento de productividad.

La falta de documentación, memorias o inventarios que impiden confirmar la situación financiera, una deuda mayor de la declarada por no incluir 12,4 millones al no contabilizar seis sentencias judiciales desfavorables son otras de las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas. La auditoría de Atarfe se enmarca en el habitual trabajo de control y seguimiento de los principales consistorios andaluces por parte de este órgano fiscalizador y se ciñe al periodo en el que Ayuntamiento de la localidad estaba gobernado por Francisco Rodríguez Quesada, de PASI.

Las principales déficit que refleja la revisión financiera son las limitaciones al alcance (cuando el auditor no puede aplicar alguno de los procedimientos) por la ausencia de un inventario de bienes o del patrimonio muincipal de suelo, así como la falta de cumplimentación de otras memorias de gastos y otra documentación sobre la financiación que impide confirmar deudas.

En este epígrafe, el informe constata por ejemplo que las deudas del pasivo del balance de 2017 del Ayuntamiento de Atarfe se encuentra infravalorado en 12,4 millones de euros con origen en seis sentencias judiciales firmes anteriores a 2017 desfavorables para el Ayuntamiento.

En la misma línea entienden que la cuenta de provisión para responsabilidades debería registrar 3,3 millones de euros como consecuencia de los procesos judiciales en los que se encuentra inmerso el ente auditado «y no con el saldo nulo que figura en la contabilidad».

El importe de la deuda financiera recogido en el balance tampoco coincide, según el informe del auditor, con el detallado en la memoria, ya que es superior en 309.899 euros. Adicionalmente, hay una diferencia entre 93.188 euros enre las deudas detallas en la memoria y las confirmadas.

En cuanto al cumplimento de la legalidadad, la auditoría pone de manifiesto que las actividades, operaciones presupuestarias y financieras y la información reflejada en las cuentas del ejercicio 2017 «no resultan conformes a la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos».

Entre los principales incumplimientos destacan los de control interno, entre ellos que no se publique en el portal de la transparencia la información obligatoria. En el largo listado de irregularidades se recoge también que las sociedades municipales Centro de Transportes Atarfe Vega-Sierra Elvira SL y Proyecto Atarfe S.A. presentaran resultados de explotación negativos en los años 2014 y 2015 sin que quedaran automáticamente disueltas, tal y como exige la ley.

En materia de presupuesto, se recuerda que en el ejercicio 2017 se funcionó con un presupuesto prorrogado, que la liquidación de las cuentas no se aprobó en los plazos que establece la normativa o que la cuenta general no continene los números de la sociedad mercantil Centro Transportes Atarfe Vega Sierra Elvira.

En cuanto a personal, se destaca que el Catálogo de Puestos de Trabajo (CPT) del ayuntamiento no cumplía los requisitos legales y todo un rosario de irregularidades como las diferencias entre complementos entre el CPT y el abonado en las nóminas. «No hay constancia de la aplicación efectiva de criterios objetivos para la percepción del complemento de productividad, tal y como prescribe el artículo 5 del Real Decreto 861/1986», recoge el informe. «A 31 de diciembre de 2017 hay 86 laborales indefinidos no fijos. Todos se encuentran en una situacion irregular», continúa el resumen de la auditoría.

La contratación de 56 laborales temporales pese a no acreditarse la situación de excepcionalidad para salvar las limitaciones legales ni autorizarlo expresamente el Ministerio de Hacienda supone otro de los incumplimientos en personal.

Por último, en materia de deuda, también se detectan numerosas irregularidades, como la prestación de servicios por parte de la Comunidad de bienes Miguel Rubiño Abarca y Otros C. B. sin que existiera contrato alguno. «Se desconce el año en el que se inicia esta situación ilegal debido a la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento a esta cuestión», advierte el auditor.

La auditoría confirma también que el Ayuntamiento incumplió los requisitos de la regla del gasto, con una variación del 22% y el objetivo de deuda, al superar los límites legales previstos. El informe que analiza la situación económico financiera se trasladará ahora para su conocimiento al Parlamento andaluz.