La capital se enfrenta a un déficit inicial de 40 millones si no logra aprobar el presupuesto

El último presupuesto que aprobó el Ayuntamiento de Granada se elaboró a finales de 2014 y lo aprobó el PP en solitario, porque entonces disfrutaban de mayoría absoluta en el salón de plenos. Fueron las cuentas que guiaron la economía municipal en 2015 y se fueron prorrogando en 2016 y 2017. El equipo de gobierno local, actualmente en manos del alcalde socialista Paco Cuenca y sus siete ediles, ha anunciado esta semana que presentará un expediente de presupuesto para 2018, pero las últimas experiencias les hacen ser poco optimistas. Baldomero Oliver, concejal de Economía, asegura tener pocas esperanzas de que pueda ser aprobado. En caso de que hubiera que prorrogar de nuevo las cuentas de 2015, este presupuesto arrancaría con un déficit de inicio de al menos 30 millones de euros. Es decir, que la ciudad tendría que recortar o 'rebañar' un mínimo de 30 millones de euros para cubrir los gastos que no estaban contemplados en aquella previsión que se elaboró hace más de tres años. En este tiempo, mucho han cambiado las cosas en el edificio de plaza del Carmen. Se celebraron unas elecciones, el PP arrancó el mandato con un gobierno en minoría -pero con apoyo de Ciudadanos- y después hubo un cambio en la alcaldía que recayó en el PSOE, que gobierna sin apoyos cerrados. Además de las claves políticas, también ha cambiado la situación económica municipal.

Cuando se hicieron aquellas cuentas para 2015, por ejemplo, no se incluía todavía el pago de intereses de los préstamos del plan de pago a proveedores. Tampoco había datos reales sobre el coste de la LAC, porque el presupuesto se elaboró antes de que empezara a funcionar. Y los gastos de personal han ido incrementándose en estos años.

La partida más abultada de las que tendrá que afrontar el gobierno local son los 25 millones que tiene que pagar al año en intereses bancarios. Estos préstamos se deben al plan de pago a proveedores al que se acogió el Ayuntamiento y tras varios años de carencia ya hay que devolver esas cantidades. En las cuentas de 2015 no se contemplaban esas partidas, y se trata de un pago prioritario, que debe asumirse el primero.

De hecho, el Interventor ya ha frenado algunos pagos que pretendía hacer el gobierno local en este pasado 2017, apuntando que primero había que hacer frente a esa deuda bancaria. Así ocurrió con los cantidades que quedaban pendientes de la paga extraordinaria retirada a los funcionarios en 2012, y que no se pudo abonar hasta que se encontró dinero para pagar la deuda con los bancos.

La siguiente cantidad en orden de pago, y que tampoco estaría contemplada en los presupuestos de 2015 es la subida salarial del 1% prevista por el Gobierno central para todos los funcionarios en el presente año. En el caso de la capital, la cantidad supera el millón de euros. En el presupuesto de 2015 se contemplaba una partida del capítulo 1 -Personal- de 101,8 millones de euros, que ya hubo que incrementar ese año en 9,5 millones de euros durante el ejercicio al asumirse todo el personal de Emuvyssa. Desde entonces se subió el salario a los funcionarios en 2016, lo que supuso otro millón más en ese ejercicio. En 2018, el incremento salarial volverá a ser similar.

Otra de las partidas que se queda 'corta' en el ejercicio 2015 es la del transporte. En aquellas cuentas se preveía un gasto de 10,2 millones de euros, una cantidad que se ha visto ampliamente superada en los ejercicios siguientes. El concejal de Economía, Baldomero Oliver, calcula que habrá que sumar otros 5 millones a esa cantidad para el ejercicio 2018.

Fuera de las previsiones quedan también las sentencias firmes a las que tiene que hacer frente el Ayuntamiento. De las que se han recibido en la ciudad en este año y a las que habrá que hacer frente, calcula el responsable de Economía unos tres millones de euros.

Sólo con esos conceptos desglosados hasta el momento suman unos 34 millones de euros. A todo esto habría que añadir el horizonte que impone el plan de ajuste que la ciudad aprobó en el último trimestre del pasado 2017. En ese documento, se establece que la ciudad acabará este año con un superávit de siete millones, con lo que al municipio le faltan, a priori, más de cuarenta millones si se prorrogan esos presupuestos de 2015.

El concejal de Economía, Baldomero Oliver, se mostraba ayer poco optimista con la posibilidad de que se apruebe un presupuesto para 2018. Ya no hay margen para generar más ingresos, puesto que se ha agotado el plazo para hacer cambios en el IBI o en las ordenanzas fiscales. Así, de prorrogarse las cuentas, el equipo de gobierno se vería obligado a hacer 'ingeniería' presupuestaria, modificando constantemente las partidas contempladas para 'rascar' dinero que destinar a los gastos no incluidos.

«Hay proyectos que se están complicando, porque no hay dotación presupuestaria, ni siquiera están previstos en el presupuesto», resume Oliver. El edil añade además que cada una de esas modificaciones tiene que contar con el visto bueno del Interventor. Mientras, desde el área de Economía, se están tomando otras medidas como las de mejorar la recaudación, o la inspección, de forma que se logran más ingresos por esta vía. «También se está haciendo un seguimiento más exhaustivo del cumplimiento de los contratos, y se han aplicado sanciones por importe de dos millones de euros a contratas que no cumplieron», resume el concejal.

A pesar de todo, Oliver apuntó que el gobierno local pondrá todo de su parte para cumplir el plan de ajuste, a pesar de la situación de «locura» en la que está instalado el Ayuntamiento.