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La magistrada Rosa María Ginel, que lleva ahora las riendas del juzgado que ha investigado el caso Emucesa, ha decretado la apertura de juicio oral contra los ex consejeros delegados de esta empresa y exconcejales María Francés y Eduardo Moral por los supuestos contratos ' ... fantasma' de cinco trabajadores, que también se sentarán en el banquillo de los acusados. A todos ellos les impone fianzas que suman casi 650.000 euros para, en caso de condena, hacer frente a las indemnizaciones que se fijen para la entidad que gestiona las instalaciones del Cementerio de San José de la capital y el Servicio Público de Empleo.
IDEAL ha tenido acceso al auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 9 de la capital, en el que la instructora fija las fianzas que habrán de abonar cada uno de los encausados, de entre 32.521,99 y 286.310,16 euros. Las cantidades que reclama a los acusados requeridos suman exactamente un total de 649.611,33.
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No se ha impuesto fianza a una de las trabajadoras encausadas, L. L. O., quien abonó en su momento el dinero que había percibido por aquella contratación. El motivo es que la jueza considera que ha reparado el daño, y «no tendrá que hacer frente a responsabilidad civil alguna».
La resolución decreta el sobreseimiento provisional respecto del gerente, que estuvo investigado en un principio, al no haber formulado acusación contra él ninguna de las acusaciones. Las defensas tienen diez días para presentar sus escritos.
Fue 'Vamos, Granada' el partido que dio traslado de las supuestas contartaciones irregulares a la Fiscalía y, por tanto, la formación que propició el inicio del caso. Este partido está personado como acusación popular.
«Estamos satisfechos de que en el caso EMUCESA, destapado por la denuncia de Vamos Granada, se esté avanzado en la determinación de la responsabilidad penal y civil. Los casi 650.000 euros requeridos a los acusados en concepto de fianza dan idea del perjuicio que se habría producido a las arcas públicas, que son de todos», ha manifestado Marta Gutiérrez, exconcejala de 'Vamos, Granada', en el Ayuntamiento de la capital.
Ese dinero se corresponde con los sueldos cobrados «por personas que no hicieron ningún trabajo para esta empresa pública, y en su lugar habrían trabajado para el Partido Popular», ha explicado la ex edil, para añadir que los beneficiarios de aquellos contratos cobraron luego subsidios de desempleo que no les habrían correspondido.
«Que se avance en vía judicial para que este dinero sea devuelto a las arcas públicas es una muy buena noticia, y es imprescindible para que se pueda acabar con la corrupción, y garantizar que las administraciones están al servicio del interés público, y no del particular o el partido de turno», ha dicho Gutiérrez en un comunicado remitido a los medios.
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