La jueza del caso Nazarí procesa al exalcalde, a Nieto y a técnicos por las obras de un registrador

Por esos posibles ilícitos procesa al exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP), a la exedil de Urbanismo Isabel Nieto y a otras cinco personas, entre las que está el investigado que da nombre a esta parte de la causa: el registrador J. C.

IDEAL ha tenido acceso al auto dictado este mismo miércoles por la titular del Juzgado de Instrucción 2. En él, acuerda transformar las diligencias previas de ese expediente en un procedimiento abreviado, un trámite procesal que implica pasar a la fase de preparación del juicio oral.

Este paso conlleva, por tanto, dejar en la antesala de juicio al exregidor, a la exedil de Urbanismo y al resto, que son, además del registrador, el exjefe de Licencias, Emilio Martín Herrera; un funcionario del área, de iniciales J. L. S. D.; el exdirector de Obras, Manuel Lorente; y el excoordinador del área, Agustín Belda.

Junto a ello, la jueza acuerda el sobreseimiento provisional –archivo– de la causa para la exedil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada Telesfora Ruiz, que se vio inmersa en el caso a última hora, tras solicitarlo la acusación popular que ejerce el empresario Ramón Arenas. Ruiz ha sido defendida por el abogado Mariano Vargas. También se acuerda el sobreseimiento para María Paz Spínola y Mercedes López Domech, que fueran, directora general del área y secretaria del consistorio nazarí, respectivamente.

Para la instructora, los siete procesados «presuntamente han actuado a sabiendas de la ilegalidad urbanística», pues con sus actuaciones habrían permitido que el registrador incorporase a sus oficinas, sitas en la calle Tórtola, un patio de luces.

En el auto, que puede ser recurrido, la jueza da diez días a la fiscalía y «sucesivamente» al resto de las acusaciones que hay personadas en el procedimiento para que formulen cargos o soliciten el archivo. Asimismo, podrán, como advierte, «solicitar excepcionalmente la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación».

La instructora cree que los investigados inmersos en este expediente avalaron actuaciones que no estaban amparadas en la licencia de obras que se concedió en su día al registrador. En concreto, observa «importantes irregularidades que se concretarían en la presunta ocupación ilegal» para incorporar al local de J. C. «un patio interior de luces de unos 60 metros cuadrados».

La resolución resalta un testimonio clave en esta pieza separada: el del director de Urbanismo en la época de aquella operación urbanística (años 2011 y 2012), Jacobo de la Rosa, quien puso en conocimiento de la exedil Isabel Nieto, «a través del informe pertinente, que tal construcción suponía un incremento de edificabilidad y de la máxima ocupación permitida, lo cual constituiría una infracción grave de la normativa del PGOU de Granada».

De la Rosa habría pronunciado igualmente una frase cuanto menos llamativa en su declaración testifical. El auto recoge que Nieto le habría dicho que «al registrador no se le sanciona y se le da la licencia sí o sí». A ello, hay que sumar, «la relación personal existente» entre la exedil y el registrador en cuestión, «habida cuenta de que el marido de la señora Nieto también es registrador ejerciente en esta ciudad».

De la Rosa, según figura en el auto, llegó a solicitar que se le abriera un expediente a los funcionarios implicados, ante «la gravedad del contenido de sus informes», supuestamente elaborados para «facilitar o favorecer» la concesión de la licencia.

En este contexto, la jueza enfatiza que Nieto, pese a que su cargo era político, contestó a De la Rosa «con un informe por ella misma firmado» para justificar la actuación y otorgar el permiso. Y esta fue dada «a pesar, de un lado, de los informes desfavorables del director de Urbanismo y de otro, evitando en todo momento, que a su vez informaran al técnico de zona correspondiente», subraya el auto. La jueza, que ha trabajado codo con codo con la fiscal Sara Muñoz-Cobo, pone de relieve que otras obras similares a las que se hicieron en el controvertido local del barrio de los Pajaritos habrían acabado siempre en sanción.

Este caso desencadenó el 13 de abril de 2016 una de las operaciones policiales más relevantes que se recuerdan en Granada. Tanto que cambió el color del gobierno local.

Hay otros seis expedientes bajo sospecha en esta presunta trama de corrupción urbanística. Actualmente, según fuentes del caso, hay otras piezas separadas en curso: la del expediente Obispo y la del Mulhacén, tras haberse archivado la relativa a la operación del Cerrillo de Maracena.