La petición fiscal para cada uno de los investigados en el caso Serrallo

Se podría decir hace algo más de un año fue el «Día D» de la larga instrucción judicial de un caso que cuestionó, antes de que la Operación Nazarí cambiara el signo político del Ayuntamiento de Granada, una de las grandes operaciones urbanísticas de los últimos años en esta ciudad. La fiscalía, cuyo peso en el proceso no hay que olvidar, hizo público su escrito de acusación de cara al juicio del que ya se conoce la fecha, donde «desembarcará» con cargos contra nueve de las 17 personas inicialmente implicadas, entre las que reparte ocho delitos.

La pena más elevada la pide para la excúpula de Urbanismo, encabezada por el exalcalde de la ciudad, José Torres Hurtado, y la que fuera su concejala de Urbanismo en los últimos años, Isabel Nieto. Ocho años de prisión, 36 y medio de inhabilitación y multa de 522.000 euros es el castigo que la acusación pública solicita de forma provisional para ambos, así como para el exdirector técnico de Obras Manuel Lorente. Para el promotor de la obra, reclama idéntica pena y que no pueda recibir subvenciones, ayudas o incentivos públicos durante dos décadas.

Los ilícitos que reparte entre todos los acusados –no acusa de todos a todos– son: un delito continuado contra la ordenación del territorio, dos delitos continuados de prevaricación urbanística, un delito continuado de prevaricación común, un delito de fraude en la contratación, dos delitos de tráfico de influencias y uno de encubrimiento, según informó a finales de abril la Fiscalía Superior de Andalucía.

El escrito, al que tuvo acceso IDEAL y que recuerda que el objeto esencial de la concesión era la construcción y consiguiente explotación de un parque de atracciones infantil, apunta a «un plan pactado y preconcebido entre los acusados«. El objetivo era, supuestamente, ir alterando y modificando sustancialmente las condiciones que se impusieron al concesionario. La sociedad adjudicataria fue Inversiones Área Sur S.L. –hoy Taler Real State–, una empresa del promotor Roberto García Arrabal, que al final se apropió –siempre según esta parte– »de unos suelos de dominio público para su beneficio particular«.

Para la fiscal Muñoz-Cobo, el exregidor y el resto «fueron sorteando la legalidad« con ocultación al que fuera entonces director general de Urbanismo, Jacobo de la Rosa. Sobre el exalcalde, que a su juicio tuvo conocimiento y consintió que se fraguara la operación, cree que fue «no sólo conocedor sino partícipe activo en el concierto de voluntades para beneficiar al empresario en perjuicio de los intereses de la ciudad». Sostiene que «ignoró el cauce procedimental legalmente establecido, utilizó las facultades que le competían y no reparó en medios para llevar a cabo los espurios propuestos, causando el grave perjuicio a la causa pública». En cuanto a los acusados restantes, completan la «lista» el exjefe de Licencias Emilio Martín Herrera; el excoordinador de Urbanismo Agustín Belda; el que fuera arquitecto jefe del Servicio de Obras Privadas, Gaspar Navarro; la exdirectora general de Urbanismo, María Paz Spínola; y el todavía interventor municipal Francisco de Paula Aguilera.

Todos, según cree la fiscalía, se pusieron «de común acuerdo» para «beneficiar» al referido promotor «con absoluto desprecio al ordenamiento jurídico». También a otras empresas suyas que concurrieron a la explotación de los negocios «ilegalmente implantados»: tanto Multiaventuras Serrallo Plaza S.L. como la discoteca, que abrió sus puertas con el nombre 683 Upper Club. «La consecuencia no es otra que un resultado prohibido por la ley y un grave perjuicio a los intereses del municipio y los ciudadanos», subraya el escrito, ya remitido a la jueza instructora, María Ángeles Jiménez, titular del Juzgado de Instrucción 2.

Esta parte ha sido la última en calificar el «caso Serrallo» y reclama además la demolición de las edificaciones ilegalmente ejecutadas, y que además sea «a costa de los acusados», a excepción del interventor. La demolición tendría un coste de más de 114.000 euros. Asimismo, exige la «declaración de nulidad» de las licencias que se han ido concediendo «conculcando la legalidad urbanística» y la resoluciones que hayan hecho lo mismo. De indemnización, reclama los cerca de 307.000 euros que, según afirma, «debió abonar Roberto García Arrabal al Ayuntamiento en concepto de aprovechamientos urbanísticos«.

«Se habría sustraído –concluye el escrito de acusación– sustancialmente al uso público estos terrenos poniéndolos, a través de distintos expedientes municipales, al servicio de las necesidades e intereses de un promotor privado y del centro comercial contiguo». Unos cambios de uso del espacio público que han sido «ostensibles y notorios» para la ciudadanía.

Se enfrenta a 8 años de cárcel, 36 años y medio de inhabilitación y multa de 522.000 euros. Al exalcalde de Granada lo acusa por un delito continuado de prevaricación urbanística, otro de prevaricación cumún, fraude en la contratación y tráfico de influencias.

Sostiene que se habrían sustraído al uso público esos terrenos en beneficio del promotor

A la exedil de Urbanismo le pide 8 años de cárcel, 36 años y medio de inhabilitación y multa de 522.000 euros, la misma pena que al exalcalde de Granada. La acusa por delitos de prevaricación urbanística, prevaricación común, fraude en la contratación y tráfico de influencias.

Para el exdirector de Obras reclama la misma pena de inhabilitación e idéntica multa que para Torres Hurtado y Nieto. También reclama para él 8 años de prisión. Los ilícitos que le atribuye son: prevaricación urbanística, prevaricación común, fraude en la contratación y tráfico de influencias.

El promotor que levantó la discoteca, aparte del centro comercial que hay al lado, se enfrenta asimismo a 8 años de cárcel. Los ilícitos penales que le atribuye son un delito continuado contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación y supuesto tráfico de influencias.

Lo acusa de prevaricación urbanística y común, y del delito de fraude. Le pide 6 años y medio de cárcel, multa de 72.000 euros y 32 de años inhabilitación.

Este funcionario también se enfrenta a 6 años y medio de cárcel, multa de 72.000 euros y 32 años de inhabilitación por las prevaricaciones y el fraude.

: Acusado por prevaricación urbanística y el delito de fraude, la fiscal le pide 6 años y medio de cárcel, 72.000 euros de multa y 20 años de inhabilitación.

La exdirectora de Urbanismo está acusada de encubrimiento y prevaricación común (cooperadora). Le pide 2 años de cárcel y 12 de inhabilitación.

Para el interventor del Ayuntamiento –continúa en el cargo– solicita dos años de cárcel por posible encubrimiento. Es el único delito que le atribuye.