Una causa que se dividió en dos y que costó el cargo a Mar Villafranca

Pero no ha sido esta la única causa penal que ha convertido en noticia al recinto nazarí en los últimos años. El 'castillo rojo' ha venido protagonizado titulares tanto por sus cifras récord de visitantes como por sus 'líos' judiciales. La otra gran causa penal relacionada con la gestión de Mar Villafranca al frente del Patronato de la Alhambra se escindió precisamente del propio caso audioguías. La división ocurrió en la primavera de 2017 y, el pasado mes de febrero, el asunto desligado acabó en carpetazo. Tenía que ver con otras supuestas contrataciones irregulares de la Ahambra durante la anterior etapa del Patronato y se siguió también en Instrucción 4.

Bautizada con el nombre de la operación policial que dio lugar a la misma, 'Colina Roja II', aquella segunda causa estaba centrada en distintos contratos cerrados con ocho empresas. La Policía llegó a hablar de una presunta organización criminal en el monumento para beneficiar a personas afines o del entorno de sus entonces responsables. Investigó si se habían hecho contratos que no rebasaran los 59.999 euros para adjudicación directa en unos casos, o por interés personal o invitación o sin concurso o negociado sin publicidad en otros.

Pero el curso de esa segunda investigación, que conllevó un segundo arresto de Villafranca -y el de otras veintitantas personas- en mayo de 2018, viró hacia el archivo después de que la Audiencia de Granada anulara las detenciones y demás pruebas practicadas desde octubre de 2017 por haberse superado los plazos que marca la ley para la instrucción de las causas penales.

La decisión del tribunal provincial abocó este asunto al archivo, pues, por distintas vicisitudes procesales -entre ellas la baja médica del juez titular del órgano-, no se había llegado a interrogar a ningún investigado todavía por esos otros contratos. Y sin haberles tomado declaración para darles la oportunidad de defenderse difícilmente podía llevárseles a juicio. Ese archivo está no obstante recurrido.

Hay un tercer asunto que llevó el nombre del monumento a la vía penal. En realidad fue el primero y principal: el caso Alhambra. Fue instruido por un juez ya jubilado -Miguel Ángel del Arco- y sentó en el banquillo a medio centenar de personas, en su mayoría trabajadores del recinto, por un fraude en la venta de entradas e irregularidades en el control de accesos entre los años 2002 y 2005 que resultó probado.

El caso, para cuyo enjuiciamiento hubo que habilitar una sala especial en Caleta por el elevado número de acusados, culminó con la condena de una decena de personas. La Sección Segunda les castigó en febrero de 2018 por delitos continuados de estafa y falsedad, si bien los absolvió de daño patrimonial y cohecho.

El principal acusado en este asunto, que se encuentra pendiente del Tribunal Supremo (TS) -la sentencia fue recurrida hasta por el fiscal del caso, Luis Salcedo- era Francisco C. J., un conocido guía turístico que era además dueño de una agencia de viajes (Daraxatour). La Audiencia lo castigó a 17 meses de cárcel, mientras que a los nueve condenados restantes les impuso penas que oscilaban entre los 3 y los 9 meses. Ríos de tinta corrieron en este caso, que tardó 12 años en llegar a juicio y el que los exgestores del monumento tuvieron que desfilar por la sala de vistas, pero como testigos.