Juana Rivas tendrá que ir a prisión si la acusación lo solicita y el juez accede

Aunque cabe recurso, la fiscalía o la acusación particular -o ambas partes- pueden pedir al mismo magistrado el ingreso en prisión de Juana Rivas. Si el juez accede, la granadina tendrá que entrar en la cárcel. Según fuentes judiciales consultadas por IDEAL, si se diera esta situación, el encarcelamiento podría prolongarse hasta dos años, dependiendo de lo que tardase la Audiencia Provincial en tramitar el recurso. El abogado de la defensa anticipó ayer que recurrirá el fallo.

La resolución satisface las peticiones de la fiscalía y la acusación particular, que reclamaron dos años y medio de cárcel por la sustracción de cada uno de los niños. El abogado de Arcuri pidió además la indemnización a la expareja de Juana Rivas y padre de los niños, además de ocho años de retirada de la patria potestad.

La sentencia no toma en consideración los supuestos malos tratos que, según ha defendido Juana Rivas durante el último año, motivaron la 'fuga' de la madre con sus dos hijos, hoy de 4 y 12 años. En el análisis de las pruebas, el juez concluye que «la acusada no ha acreditado haber sufrido malos tratos entre 2009 y 2016, ni siquiera haberlos denunciado». El magistrado agrega que el equipo psicosocial no ha detectado «desajustes psicológicos relacionados con malos tratos» contra el hijo mayor «o por haberlos presenciado hacia la persona de la madre». Habla incluso de «adaptación positiva a su entorno» y de que no percibe que su restitución con el padre «suponga un grave peligro para su integridad». No apreció en el estudio al que se sometió al menor las «secuelas y vestigios» de las supuestas agresiones.

Sí hace referencia a la condena a Francesco Arcuri en 2009, cuando quedó probado que «golpeó a Juana» de madrugada, estando junto al hijo menor en su domicilio en el centro de Granada.

Tras la agresión, y después de un tiempo separados, se reconciliaron y marcharon a Italia. Allí, en la localidad de Carloforte -situada en una isla de Cerdeña- fijaron su residencia familiar, tuvieron a su segundo hijo, y ambos menores quedaron escolarizados.

En mayo de 2016, Rivas regresó a Granada junto a sus dos hijos. En principio, y así lo trasladó a Arcuri, viajó a España para visitar a la familia con la previsión de aterrizar de nuevo en Italia un mes más tarde. Pero no lo hizo. Un par de meses después de la salida de Italia interpuso una denuncia contra Arcuri por malos tratos, que aún no se ha tramitado. El juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada consideró que no tenía competencia ante una presunta agresión que ocurrió en Italia, envió el escrito de Rivas a traducir y lo remitió a la justicia italiana un año después.

Arcuri recibió «dos correos electrónicos» en los que la mujer manifestaba que podía llamar a los niños cuando quisiera y verlos en Granada. Quedó claro entonces que Rivas no pretendía volver a Italia. Los contactos se «fueron limitando» y en noviembre, Juana «dejó de responder a las llamadas». Movió ficha Arcuri, reclamando la custodia de los niños. A finales de 2016, prosigue la sentencia, la justicia italiana remitió a Granada la orden de restitución de los menores, que debían regresar a Cagliari con su progenitor. Hubo apelación por parte de Juana, y un auto de ejecución forzosa tras ser ésta desestimada: dieron tres días para que devolviera a los niños junto a su padre. Rivas no cumplió. Tampoco el 26 de julio, cuando fue citada en un punto de encuentro familiar.

Entretanto -prosigue la sentencia- emprendió una «campaña mediática» en la que intervino la asesora del Centro de la Mujer de Maracena, «una tal Francisca Granados». A través de los medios, Juana anunció su oposición a la entrega y optó por «explotar el argumento del maltrato».

Decidió «ocultarse en compañía de los dos menores en lugar desconocido» bajo la creencia de que podía permanecer con ellos mientras llegaban las resoluciones. Pero Arcuri denunció la desaparición de los niños.

Ante la presión judicial, el 28 de agosto de 2017, Juana llevó a sus hijos a la Comandancia de la Guardia Civil, donde Arcuri los recogió, «bajo llantos al principio por no querer separarse de la madre, si bien estos cesaron cuando empezaron a tomar contacto con el padre».

El juicio estaba fijado para el pasado 14 de julio, pero el abogado de Rivas, Juan de Dios Ramírez, renunció a defenderla. Argumentó que en realidad era otro letrado del mismo bufete, José Estanislao, el que se había encargado de la causa penal. Por problemas de salud, Estanislao no pudo comparecer en el juzgado. La vista se atrasó hasta el día 18.

Una vez analizadas las declaraciones y documentación aportada por ambas partes, Manuel Piñar no admite la justificación de proteger a los niños ni el «error» amparado en que creía que podía retenerlos mientras avanzaba el proceso. El juzgado considera que Juana Rivas «era sabedora de la obligación que tenía de entregar a los menores al padre, y de forma consciente y deliberada lo incumplió».

La sentencia va más allá, y advierte de que el «pretendido afán» de proteger a sus hijos «entra en contradicción con sus actos, pues no ha reparado en el daño futuro que puede causar a estos el hecho de aparecer en varios medios acusando al padre de ambos de torturador, mientras grupos de personas de forma irreflexiva y visceral le muestran su apoyo».

El abogado de Francesco Arcuri, Enrique Zambrano, manifestó ayer que la sentencia «cumple con las expectativas, es muy rigurosa, bien fundamentada, ajustada a derecho y justa en lo que respecta a los hechos que la señora Rivas cometió». Confía en que el proceso abierto en Italia por la custodia de los niños sea favorable a Arcuri, una vez conocida la sentencia y ante los borradores de informes que «recomiendan la guardia y custodia» por parte del padre. Ante las primeras reacciones, Zambrano pidió a los políticos que «dejen trabajar» a los juristas.

Por parte de la defensa de Juana Rivas, José Estanislao calificó como «inesperada» y «decepcionante» la sentencia, «que hace recaer sobre Juana un fracaso del sistema judicial español e italiano al no tramitar en dos años la demanda por violencia de género». Habló de «tristeza» y dijo sentirse «indignado», pero también con «ganas de recurrir».

También Rivas se pronunció en este sentido en una fugaz declaración a los medios al abandonar su vivienda en Maracena: «Yo voy a seguir luchando, no lo olvidéis (...) Lo vamos a conseguir». Ella misma anunció que recurrirá, «un pasito más» en su lucha.