Los cinco momentos clave del caso Juana Rivas

Esas dos posibles nuevas salidas serían, por un lado, la del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por una posible vulneración de derechos fundamentales y, por otro, la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). A este último llegó, por ejemplo, otro mediático asunto de Granada, el caso Nevada, tras condenar la Audiencia de Granada en segunda instancia a los concejales que habían sido absueltos. Los togados de Estrasburgo (Francia) acabaron dando la razón a estos y el Estado español tuvo que indemnizarles.

Con independencia de lo que suceda a partir de ahora -también se puede pedir el indulto total o parcial al Ministerio de Justicia en caso de que se ratifique la condena-, en el camino andado se pueden establecer cinco momentos claves, cinco hitos en un polémico proceso, con ramificaciones penales y civiles, en el que han intervenido jueces, fiscales y abogados de España y de Italia.

El 12 de julio de 2016, la madre de Maracena, en realidad nacida en Benalúa de las Villas, se dirigió al cuartel de la Guardia Civil de Maracena para denunciar al padre de sus hijos, con quien hasta mayo de ese mismo año había convivido en Carloforte, en Italia, donde ambos regentaban una hospedería. La granadina había venido a España de vacaciones con sus dos hijos, menores de edad, pero decidió no regresar.

La mujer afirmaba que desde 2013, fecha en la que había reanudado la convivencia en Italia con el denunciado tras protagonizar en 2009 en Granada ambos un episodio que acabó con un cruce de denuncias y él aceptando tres meses de prisión por haberla golpeado, había sufrido supuestos malos tratos. Aseguraba que había sido amenazada, insultada, vejada y agredida. La denuncia aterrizó en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de la capital, que la remitió al país transalpino. Los niños tenían entonces 3 y 11 años. Arcuri niega categóricamente ser un maltratador.

Al no regresar con sus hijos a Italia, el padre insta su retorno mediante una demanda por sustracción internacional de menores. El órgano de Familia que dispuso la entrega fue el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, que consideró que era «ilícita» la retención en España de los dos críos. Fija fecha para su devolución a Francesco Arcuri en un punto de encuentro, el 26 de julio de 2017, pero Juana no aparece y la bola del caso empieza a crecer. La granadina se oculta con los dos menores para evitar que vuelvan con su progenitor y permanece casi un mes en paradero desconocido.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada abre una investigación penal contra Juana por retener a los niños en España y finalmente la mujer, ante las posibles consecuencias penales de su forma de proceder (el juzgado ordenó su detención), finalmente los entrega en la comandancia de la Guardia Civil de Granada.Los niños se van con su padre a Carloforte.

El caso Juana Rivas empieza a tener un eco mediático sin precedentes. La madre de Maracena, que estuvo asesorada por la directora de Igualdad del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, acaba siendo acusada de sustracción de menores y termina sentada en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada.

Su titular, el magistrado Manuel Píñar, la condena a cinco años de prisión como autora de dos delitos (le impone dos años y medio de encierro por el secuestro de cada niño), así como la inhabilita para poder ejercer la patria potestad durante seis años. Aparte fija una indemnización para su expareja de 30.000 euros. Ella recurre en apelación y la Audiencia ratifica su condena. Lo único que cambia el tribunal provincial es la suma de la indemnización que debe pagar a Arcuri: la baja de 30.000 a 12.000 euros.

En marzo del año pasado, la Justicia italiana concedió la custodia exclusiva de los dos hijos de Juana Rivas a Francesco Arcuri. De ese modo, los menores, que tenían en aquellas fechas 12 y cinco años y que se encontraban de forma provisional bajo su tutela en su domicilio de la isla de San Pietro, se quedaban de forma definitiva con su progenitor.

Eso sí, se estableció un régimen de visitas para la madre y un seguimiento por parte de los Servicios Sociales de Carloforte. Aparte, el Tribunal de Cagliari, que ponía así fin al frente abierto en la vía civil por la custodia de los críos, establecía que la granadina debía pagar 300 euros a Arcuri para la manutención de ambos.

Este lunes, el Tribunal de Cagliari ha acordado el archivo de varias de las denuncias por supuestos malos tratos que la granadina había presentado contra su expareja, el genovés Franceso Arcuri. La denuncia primitiva (y la más relevante, a juicio de la defensa del genovés), la de 2016, finalmente no ha prosperado, lo que prueba lo que la defensa del italiano, que ha estado representado en España por el letrado Enrique Zambrano, ha venido proclamando: la inocencia del padre de esos dos niños.