El PP pide que declaren cinco funcionarios para aclarar el agujero de las multas en 2015

Los populares han solicitado que declaren el jefe de sección de Infracciones, el anterior director técnico de Movilidad, el exgerente de la Agencia Municipal Tributaria y su sucesor. Aparte, han pedido la intervención de una letrada del Ayuntamiento. Con ello, el PP aspira a que aclare –o desmienta– si desde el área de Movilidad, que por aquel entonces era responsabilidad de Telesfora Ruiz, hubo orden de apagar las cámaras o si –es la otra versión– hubo una instrucción«superior» desde la concejalía de Hacienda, de la que el encargado era Francisco Ledesma, para que no se tramitaran las multas.

En la reunión de mañana se hablará también de un informe del coordinador de Hacienda del Ayuntamiento, en el que se expone que a mediados del mes de abril de 2015 «se observó que por la Agencia Municipal Tributaria no se estaban informatizando los boletines de denuncia de Policía Local ni asignando domicilios. En base a esto se añade que desde mediados de ese mes y hasta el 1 de junio «se paralizó el envío de notificaciones (...) de más de 10.000 expedientes sancionadores (...), recibiendo información verbal de que existía orden superior de paralización». Y el informe, al que ha tenido acceso IDEAL, concluye alertando de que se produjo una reducción en el número de multas durante el año 2015, «pero no es imputable a una falta de tramitación de notificaciones por parte de la Agencia (Tributaria Municipal), sino a la reducción del número de denuncias por cámaras impuestas en 2015».

Al respecto, el portavoz de C’s en el Ayuntamiento de Granada, Manuel Olivares, consideró ayer que lo sucedido «pone de relieve varios problemas que deben atajarse de una vez por todas en el Ayuntamiento, más proclive a los escándalos que a las soluciones». Olivares analizó que con este informe del área de Economía municipal se pone de manifiesto «la necesidad de acabar con una gestión de lo público como si de cortijos privados se tratase». El partido naranja señaló también al actual equipo de gobierno, al que acusó de decir «que iban a arreglarlo y la realidad nos dice que todos ellos se quedan mirando el dedo cuando se señala y buscan más el ruido que las nueces».

Olivares destacó que la Agencia Municipal Tributaria ejerce como «un organismo autónomo que sólo se ocupa de la recaudación ejecutiva, pero con una estructura que en ocasiones choca con lo que comporta todo el área de Hacienda. Esta realidad deriva en un galimatías de competencias y duplicidades que hace que aparezcan informes de informes para acabar con otro informe del informe anterior. Si realmente queremos terminar con este descontrol y finalizar con el control de sólo algunos, es necesario invertir en una administración electrónica que permita casar datos y habilite transparencia».

Por su parte, el concejal de IU y portavoz del grupo municipal, Francisco Puentedura, apuntó que los hechos son «muy graves» y muestran que el PPutilizó el Ayuntamiento «con fines electoralistas, poniendo en riesgo la seguridad vial y la movilidad en nuestra ciudad. Incluso con decisiones tan arbitrarias y fuera de ley como apagar cámaras sin justificación técnica que lo avale». A juicio dePuentedura, «esta forma tan arbitraria de actuar ha quebrado la seguridad jurídica del Ayuntamiento, dado que a unos granadinos se les ha machacado a multas tramitándolas todas y en otros casos no».

El daño patrimonial de la institución, explicó Puentedura, «ha sido muy grave, alcanzando casi los dos millones de euros menos que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar. Exigimos que se depuren todas las responsabilidades y denunciamos la falta de transparencia del actual gobierno municipal en la investigación de estos hechos».

Al igual que C’s, Puentedura consideró que el actual gobierno no ha hecho todo lo que estaba en su mano para depurar responsabilidad en este caso: «La denuncia pública de estos hechos aparece en octubre y se ha tardado cinco meses en actuar. En segundo lugar hay que depurar si hubo funcionarios que acataron instrucciones fuera de la normativa porque hubo responsables políticos que dieron esas instrucciones irregulares y arbitrarias. Nada de esto se ha aclarado aún y estos hechos no pueden tener el silencio cómplice del actual gobierno municipal del PSOE que dilata cualquier decisión a adoptar durante meses».