La ciudad se libra de pagar 330.000 euros por el cese casi un mes del tren turístico

El cese cautelar de la actividad del convoy tras aquel descarrilamiento hizo que la UTE de empresas que lo explota demandase al Ayuntamiento de Granada. Le exigía más de 330.000 euros por una supuesta responsabilidad patrimonial que ahora ha sido rechazada por la Justicia.

IDEAL ha tenido acceso a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada que desestima la demanda de la referida Unión Temporal de Empresas, integrada por las sociedades Juliá Travel S. L. U., Autocares Juliá S. L. y Tren Progresa. En realidad se trataba de un recurso contencioso administrativo contra el decreto de la Alcaldía que ordenó el cese inmediato de sus viajes urbanos tras aquel siniestro.

Lo que hizo la UTE concesionaria de este servicio público que conecta la Alhambra y la urbe fue dirigir primero su reclamación ante el propio Consistorio por la supuesta «desproporción» de la medida cautelar adoptada. Pero el «silencio administrativo» del Ayuntamiento provocó que el asunto acabar judicializado. La cantidad que pedía la empresa era por «los daños y perjuicios» derivados de la referida orden de cese, que duró cerca de un mes: desde el 12 de septiembre de 2018 hasta el 9 de octubre de ese mismo año.

El decreto en cuestión estaba fechado el 11 de septiembre de 2018 y acordaba la paralización del servicio «como medida cautelar provisional», según detalla la sentencia, que puede ser recurrida.

La jueza que ha resuelto este asunto, la magistrada Estrella Cañavate, considera que la resolución que adoptó la ciudad tras aquel incidente estuvo «suficientemente motivada», pues «se exponen –señala– las razones de seguridad para las personas, viajeros y transeúntes», dados los «antecedentes de otros accidentes y requerimientos previos no cumplimentados» por la UTE que explota el servicio.

La demanda iba dirigida contra el Ayuntamiento y su aseguradora, Segurcaixa Adeslas, cuyo letrado ha sido Javier López García de la Serrana, director del Bufete Jurídico HispaColex. La cantidad exacta que se reclamaba eran 330.789,18 euros más intereses y el fallo acoge el argumento de esta defensa sobre la no existencia de responsabilidad patrimonial, si no de «una incidencia derivada de una relación contractual» entre la UTE y el Ayuntamiento nazarí.

La sentencia recuerda que aquella suspensión se condicionó por parte del Ayuntamiento «a la acreditación de la verificación de las adecuadas condiciones técnicas y mecánicas de todas las unidades» del tren. En concreto, se pidió a la UTE «un certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente» en el que se acreditase, entre otros extremos, que todas las unidades habían sido revisadas exhaustivamente «en todos sus elementos mecánicos y especialmente en sistemas de seguridad». En este punto, la jueza rechaza que aquella decisión municipal fuese desproporcionada y recuerda que en este caso era responsabilidad del adjudicatario (la UTE) «la presentación de la documentación necesaria para adecuar la prestación del servicio a las normas de seguridad».

Como publicó IDEAL días después de aquel 'descarrilamiento', el itinerario se modificó para que el convoy dejase de pasar por esas dos vías del Albaicín. El 10 de octubre de 2018, de hecho, tras ser subsanados todos los problemas de seguridad que el tren presentaba, se reanudó el servicio con una ruta modificada, que evita parte del trazado por el Albaicín. La nueva ruta pasa por San Cristóbal para bajar por Carretera de Murcia, y no por Carril de la Lona y Cuesta de Alhacaba, y sigue por el Monasterio de La Cartuja y Plaza de Toros. Actualmente, según figura en la web de esta UTE ('Granada City Tour'), el servicio está suspendido hasta nuevo aviso.