Las claves de la sentencia del Supremo por la agencia de IA

Un real decreto publicado el 22 de marzo de 2022 puso las bases para los procesos de 'descentralización', una apuesta del Gobierno por vertebrar el territorio distribuyendo entidades a través de un mecanismo «abierto, transparente, deliberativo y competitivo», como lo calificó la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Ese documento habla de la comisión consultiva. Es un grupo que tiene como misión transmitir al Consejo de Ministros las recomendaciones y criterios para seleccionar las sedes y «realizar un dictamen en el que se analicen las propuestas presentadas en relación con la ubicación ». A lo largo de todo el texto queda claro que «la decisión final corresponderá al Consejo de Ministros».

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En ningún momento hay alusión a que la citada comisión deba regirse por una tabla de puntuaciones. Su uso para determinar qué tres ciudades recibieron calificación «de excelencia» -Granada, Alicante y La Coruña- fue interno. Estas notas no son, por tanto, determinantes para la elección.

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Teniendo en cuenta estas premisas, el alto tribunal termina por reconocer que el Gobierno no ha hecho públicas las puntuaciones: «Aún pudiendo ser interesante conocer la puntuación exacta de cada postulante, resulta irrelevante». Ni era obligatorio que existieran esas puntuaciones ni que las tuviera en cuenta el Consejo de Ministros: «Estamos ante un acto discrecional motivado del Consejo de Ministros que puede seguir o no la recomendación efectuada».