La Comisión Europea investigará los cortes de luz en la zona Norte

Javier Morales

Granada

Lunes, 4 de octubre 2021, 00:30

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La Comisión Europea ha iniciado una investigación preliminar sobre los cortes de luz en la zona Norte de Granada. Lo ha anunciado la presidenta de la comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, en una carta dirigida al Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, quien presentó en febrero al Parlamento Europeo una denuncia «sobre la vulneración de derechos humanos que sufren los habitantes del distrito».

La contestación llegó a la oficina del Defensor el pasado día 21. En la misiva, Montserrat declara como admisible la petición sobre Norte, pues está dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea. «Por ello, he pedido a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto», recoge el escrito.

La comisión de Peticiones remitirá los informes –el enviado originalmente y una ampliación firmada en mayo– a la comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo. Los avances en la tramitación de la denuncia se pondrán en conocimiento de la oficina del Defensor.

Martín considera que es un «paso muy importante» que la Comisión Europea reconozca el problema de los cortes de luz en Norte e inicie los trámites para dar una solución. El anuncio llega en el día en que se cumplen dos años del encierro del defensor y el párroco de La Paz, Mario Picazo, en la iglesia situada en el corazón del distrito para llamar la atención sobre las condiciones de vida de cientos de familias que sufren cada día apagones. Afectan a los niños, a los estudiantes, a enfermos crónicos y a ancianos que dependen del suministro eléctrico para conservar medicamentos, recibir oxígeno o, simplemente, bajar en ascensor hasta la calle.

La compañía responsable de la distribución de electricidad, Endesa, achaca los cortes de luz a la sobrecarga que producen las plantaciones ilegales de marihuana en las viviendas, y defiende que ha hecho inversiones en infraestructuras para que sean capaces de soportar hasta cuatro veces el consumo energético estimado para el barrio. Las plataformas vecinales de Norte y el defensor contradicen a la empresa y recuerdan que en el distrito no solo hay enganches ilegales para la 'maría': la mayoría de los vecinos pagan su luz mes a mes, cumpliendo su parte del contrato con la compañía, pero sin recibir el mismo servicio que en otros puntos de la capital.

En el escrito dirigido al Parlamento Europeo, Martín advirtió de que las interrupciones en el suministro eléctrico «ponen en peligro la vida de miles de personas». A lo largo de doce páginas, Martín repasa el origen de la zona Norte, donde clavan sus raíces problemas sociales como la ocupación de viviendas sociales, la falta de urbanización en algunos espacios públicos, la insuficiencia de líneas de transporte urbano y hasta la falta de señalización.

«Más de tres cuartas partes de la población del distrito Norte sobrevive con escasos recursos y pocas expectativas», reza el informe. Un 80% de paro, aislamiento del resto de la ciudad, viviendas deterioradas, inseguridad e impunidad, altos índices de mortalidad y enfermedades mentales, absentismo escolar... En este caldo de cultivose han asentado las mafias que se dedican a actividades ilegales, como el cultivo de marihuana.

El problema de los cortes de luz afecta al distrito Norte desde hace 11 años. «No es un hecho puntual ni extraordinario, no es un escenario aislado ni una foto fija que afecte a pocas familias. Es una forma de vida, una realidad brutal con efectos colaterales y un fenómeno que acrecienta el círculo vicioso de la desigualdad», recuerda Manuel Martín. En el documento enumera más de una decena de derechos vulnerados –recogidos en la declaración universal de Derechos Humanos, en la Constitución y en leyes orgánicas– en el distrito.

Y resume tres situaciones:vecinos que tienen contrato, pagan sus facturas con regularidad pero se ven perjudicados por la falta de suministro; los que por precariedad y falta de recursos no peuden hacer frente al pago; y los que realizan un sobreconsumo para actividades ilegales, lo que «no puede servir de justificación o excusa para la suministradora para no acometer inversiones necesarias». La compañía y las distintas administraciones son, según el informe, culpables de la situación.

Por todo ello, Martín pidió amparo al Parlamento Europeo, para que con carácter de urgencia active los mecanismos de protección necesarios para terminar con la «vulneración de derechos humanos». El asunto ya está en manos de Europa.