La comunidad educativa cierra el curso sin certezas sobre cómo será la vuelta a clase

El próximo 22 de junio, casi 89.000 alumnos de Infantil y Primaria finalizarán sus clases. Un día después, se sumarán 108.000 de Secundaria, Bachillerato y FP. Y, en ese momento, los cerca de 11.500 docentes de la provincia tendrán que volver a los centros para empezar a preparar el siguiente curso de forma presencial, según aseguró ayer el consejero de Educación, Javier Imbroda. Pero, tal y como afirman los profesionales y los directores, hasta el momento, no han recibido información sobre cómo será ese retorno, si se reducirán ratios, si se contratará personal o se emprenderán nuevas medidas de higiene y control. Desde la Junta, por su parte, esperan tener detalladas estas medidas antes de que finalice junio.

«Necesitamos un refuerzo de las plantillas para hacer frente a esta posible vuelta a la normalidad con ratios más bajas y distancias de seguridad entre alumnos, como aconseja Educación», explica Dimas Martín. Una reclamación que comparten tanto la Federación de asociaciones de madres y padres Fampa Alhambra como los sindicatos CC OO, CSIF, Ustea y CGT. «Las familias estamos muy preocupadas por cómo será esta vuelta, por si supone nuevos contagios y por si se mantienen las aulas como están, porque ya hay centros sobredimensionados donde es imposible guardar la distancia que se pide», explica Rosa Funes, presidenta de Fampa Alhambra.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, informó ayer del acuerdo al que ha llegado el Ministerio con todas las comunidades autónomas, a excepción de Madrid y País Vasco, en el que plantean que se retome a partir de septiembre la educación presencial. Las comunidades deberán crear planes de contingencia ante cualquier «eventualidad», como un posible rebrote, y realizarán sus propios protocolos de higiene y seguridad.

En el documento en el que se recogen las 14 medidas que propone Educación y que suscriben las autonomías, se pone especial hincapié en la necesidad de recuperar a principio de curso los aprendizajes imprescindibles que se hayan podido perder en estos meses de clases a distancia. Además, tendrán que realizar planes de seguimiento y apoyo para el alumnado con más dificultades. Pero, tal y como denuncian los centros y las familias, en estos 14 puntos no se aclara cómo se hará frente a este aumento de actividad.

«La ratio sigue siendo la que todos conocemos. Ponemos como alternativa crear agrupaciones flexibles de entre 15 o 20 alumnos en Infantil y hasta cuarto de Primaria, que pueden socializar sin mantener la distancia, pero es una alternativa, no un cambio de ratios ni una obligación», indicó Celaá. Además, indicó que la única obligación será la de mantener el metro y medio de distancia.

Para los centros que tengan dificultad para llevar a cabo esta orden, se podrán acondicionar espacios como bibliotecas o gimnasios. La ministra también aseguró que se podrá recurrir a instalaciones ajenas «cuando un centro no pudiera de ninguna de las maneras encontrar espacios adicionales». Unas actuaciones que, según denuncian los docentes, aún no han arrancado en la provincia.

Los sindicatos recibieron esta semana una propuesta de la Dirección General de Ordenación y Evaluación y Evaluación Educativa sobre la vuelta a las aulas. En este documento, que aún no es definitivo y está a la espera de las alegaciones de las organizaciones sindicales, se refleja la necesidad de incrementar el apoyo educativo a los alumnos con más dificultades y a la recuperación de las materias que se hayan perdido durante el ultimo trimestre. Sin embargo, al igual que lo ocurrido con el documento del Ministerio, tampoco se habla de cómo se organizará esta vuelta. «No resuelve nada. Deja toda la responsabilidad a los centros para que se organicen, pero no le dan herramientas para ello», explica Mercedes González Liñán, secretaria general de Educación en CCOO.

«Las medidas en Educación deben pasar obligatoriamente por bajar las ratios y, para ello, se deben ampliar las plantillas», explica Cristina Faciabén, delegada sindical de CGT. Olga Solano, responsable de acción sindical de Ustea, afirma:«Han dado autonomía a los centros para que hagan lo que quieran pero sin decirles cómo, y esto supone una carga de trabajo excesiva para los docentes». «En ningún momento contempla medidas de prevención para el curso, y la más importante sería la bajada de ratio para no masificar las clases», indica Manuel Pérez, responsable del sindicato CSIF en Granada.