Los concursos de acreedores se doblan en Granada, que espera el gran aluvión a partir de septiembre

Sin embargo, desde el pasado 30 de junio, los empresarios con su negocio en estado de insolvencia tienen la obligación de solicitar la declaración formal de concurso de acreedores. Del mismo modo, los acreedores, después de más de dos años de moratoria, podrán poner en marcha el procedimiento para solicitar el pago de sus deudas.

La Confederación Granadina de Empresarios y los bufetes granadinos especializados en procedimientos concursales consultados por IDEAL no tienen duda de que la temida avalancha de cierres empresariales que se ha venido conteniendo llegará, inevitablemente, a la vuelta del verano.

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), que lidera el también presidente de la Patronal granadina, Gerardo Cuerva, ha advertido ya de un fuerte aumento de quiebras a partir de septiembre, teniendo en cuenta que agosto es un mes inhábil en los juzgados y que el plazo para la presentación voluntaria del concurso es de dos meses.

Vienen curvas, por tanto, para una parte del tejido empresarial granadino que tras encadenar la pandemia con la crisis inflacionaria afronta también el fin del periodo de carencia para devolver los 1.573 millones de euros de los créditos avalados por el ICO. Oficialmente, este periodo finalizó entre marzo y abril pasados, aunque en virtud del Código de Buenas Prácticas al que se adhirieron las entidades bancarias se amplió el periodo de carencia hasta el 30 de junio de 2022, a través negociaciones particulares con cada cliente.

«La vuelta del verano puede ser muy complicada para las empresas granadinas. El fin de la moratoria concursal y del periodo de carencia de devolución de los créditos ICO serán dos factores que desestabilizarán aún más a nuestro tejido empresarial, muy afectado por la crisis inflacionaria y la escalada de los costes. Mucho nos tememos que, si no se toman medidas para salvar a la empresa, una vez pasado el verano nos encontraremos con un aumento de los problemas de solvencia y más cierres empresariales», resume la secretaria de la Confederación Granadina de Empresarios, María Vera.

En la provincia, a pesar la protección del paraguas concursal, los concursos de acreedores ya se han disparado. Según los datos ofrecidos a IDEAL por los juzgados 1 y 2 de lo Mercantil de Granada, en el primer semestre de año les han entrado 50 concursos de sociedades, autónomos y personas físicas con actividad empresarial, practicamente el doble de los 27 que se presentaron en el mismo periodo de 2021. Y este es solo el anticipo de lo que creen que vendrá. En los bufetes de abogados preparan ya nuevos procedimientos y todo apunta a que las estadísticas se dispararán a partir de septiembre.

El espíritu de la moratoria concursal era dar oxígeno a las empresas que afrontaban dificultades económicas durante la pandemia e intentar mejorar su situación antes de que tuvieran que llegar al concurso de acreedores.

Sin embargo, a juicio de lo expertos, ha sido un arma de doble filo. Si bien ha permitido a algunas ganar tiempo para reestructurar la deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas tras retomar la actividad, también ha mantenido con respiración asistida a otras que arrastraban serios problemas de viabilidad y ahora llegan sin solución al fin de la moratoria.

«Hay muchas empresas que van a llegar ya muy mal, sin nada que liquidar para hacer frente a los créditos, en una situación económica tan mala que no van a poder pagar ni los gastos que conlleva el procedimiento concursal», advierte José María Rivera Muñoz, socio de Soluciones Concursales Aliatar SLP, uno de los despachos granadinos que se dedica en exclusiva al derecho concursal.

En la misma línea, el presidente del Grupo de Derecho Mercantil del Colegio de Abogados, José María Serrano Bermúdez y socio director del despacho granadino que lleva sus apellidos, recuerda la importancia que tiene tomar conciencia sobre la implementación de «alertas tempranas de insolvencia» e incide en que desgraciadamente las empresas van a llegar «en una situación extremadamente difícil» y abocadas a la liquidación en sede concursal.

«Este es un problema que no es nuevo. Desde que entró en vigor la Ley Concursal, tradicionalmente las empresas han apurado, a veces en demasía, sus expectativas de recuperación y finalmente no han podido evitar el estado de insolvencia y un concurso con nulas posibilidades reales de ser superado mediante un convenio, yendo a la liquidación y muchas veces, provocando asimismo la caída de otras empresas en una especie de efecto dominó. Desde un punto de vista humano es entendible pero esta manera de actuar entraña evidentes riesgos», lamenta.

Serrano Bermúdez, recuerda que la nueva Ley Concursal que está en su última fase de tramitación, plantea novedades «trascendentales» en tanto que «viene precisamente a establecer importantes medidas preconcursales para posibilitar que las empresas viables que se encuentren en situación de dificultad financiera accedan a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que salvaguarde su viabilidad y garantice la continuidad de su actividad».

«Lo único que se ha logrado es dilatar el fin de empresas que llevaban muertas un año»

En el bufete jurídico HispaColex, especialistas en procedimientos concursales, están preparando ya la presentación de una veintena de concursos de empresas granadinas. El socio fundador del despacho, Javier López y García de la Serrana viene desde el inicio de la pandemia advirtiendo que las empresas con problemas debían actuar a tiempo, a a pesar de que no existiera la obligación legal de presentar el concurso y utilizarlo como escudo protector para salvar del embargo bienes esenciales para la recuperación. Sin embargo, dos años después, advierte que es tarde para muchas que llegan al fin de moratoria «muertas», sin actividad, con sus bienes depreciados y sin posibilidad alguna salir a flote.

«Viene avalancha de concursos, sin duda. En Granada tenemos muchas empresas 'zombies', que no superaron la primera o la segunda ola porque entre otras cosas tenían deudas con Hacienda y la Seguridad Social y por ello no han podido ni acceder a ayudas. La moratoria solo ha dilatado el entierro de empresas que llevaban muertas más de un año», esgrime.

La opinión de López y García de la Serrana es tajante en este sentido: «La moratoria concursal ha sido una patada hacia adelante al balón. Podía haber sido útil al principio del estado de alarma, pero tenía que haberse terminado hace un año. La prórroga de mediados de 2021 y lade 2022 no ha tenido sentido, no ha ayudado en nada a las empresas», asegura.

El problema, a su juicio, no es solo la acumulación de cierres empresariales que se van a dar a la vuelta del verano, sino que las liquidaciones serán «muy difíciles» porque irán a concurso empresas «que ya no valen nada, no se va poder vender la unidad productiva, ni salvar empleos». «Lo que ayuda es tomar decisiones, a tiempo, no meter la cabeza debajo de la tierra. Si no se hubiera prorrogado la declaración del concurso, las liquidaciones habrían sido más productivas para los acreedores, para trabajadores y para todos», sentencia.

Los concursos que se presentarán a la vuelta del verano son consecuencia directa de la crisis del covid, mientras que está por ver el efecto de la actual crisis inflacionaria y los costes del gasoil, que llegarán «el año que viene».