Los concursos de acreedores suben un 49% en Granada y los expertos vaticinan que irán a más en 2023

Desde el pasado 30 de junio, los empresarios con su negocio en estado de insolvencia tienen la obligación de solicitar la declaración formal de concurso de acreedores y la temida avalancha de cierres empresariales que los expertos vaticinaban para final de año empieza a verse en las estadísticas.

En los juzgados de Granada, las declaraciones de concursos de acreedores han subido un 49% hasta diciembre, con relación al mismo periodo del año anterior, según los datos del último Radar Empresarial de Axesor, an Experian company.

El incremento experimentado en la provincia supera de lejos al ritmo nacional, donde los concursos han subido un 20,56% en lo que va de año.

En datos absolutos, son 61 las empresas que en lo que va de año han declarado concurso de acreedores en Granada, pero los bufetes especialistas advierten que preparan nuevos procedimientos y que, lamentablemente, la cifra es solo el anticipo de lo que creen que vendrá.

«Aún no se está viendo el final del túnel, el aumento de procedimientos en los juzgados va a seguir en 2023», constata rotundo José María Rivera Muñoz, socio de Soluciones Concursales Aliatar SLP, uno de los despachos granadinos que se dedica en exclusiva al derecho concursal. También el presidente del Grupo de Derecho Mercantil Colegio de Abogados y socio director del despacho que lleva su nombre, José María Serrano Bermúdez, cree que, por desgracia, la cascada de concursos acaba de empezar y que aumentará el próximo año.

Ambos expertos coinciden en que el perfil de las empresas que se han visto arrastradas en este 2022 a la quiebra no tiene nada que ver con las que cayeron en la avalancha desatada por la crisis del ladrillo, cuando desaparecieron grandes empresas de la construcción seguidas por otras de distintos sectores arrastradas por el efecto dominó. Ahora la mayoría de las empresas que acuden al concurso son micropymes y autónomos e incluso personas físicas. Serrano Bermúdez explica que la última reforma concursal que entró en vigor en septiembre establece una serie de medidas que pueden ayudar a las empresas que están en una situación complicada.

«No solo van a aumentar declaraciones de concurso, sino las solicitudes de aprobación de planes de reestructuración para empresas y la solicitudes de exoneración del pasivo insatisfecho, lo que se ha venido hablando ley de segunda oportunidad para personas físicas», comenta.

La clave la viene reiterando el socio director del bufete HispaColex, Javier López y García de la Serrana, es que las empresas en riesgo no esperen a que sea demasiado tarde y tomen la decisión de presentar concurso lo antes posible porque es la única manera de que tengan posibilidades de éxito y de salir indemnes. «A tratarse de un tema con vertientes en muchísimos órdenes –derecho concursal, mercantil, fiscal, laboral, administrativo–, las empresas que estén sufriendo una situación complicada deben asesorarse muy bien, acudir a un despacho especializado y no demorarlo en ningún momento», advierte García de la Serrana, que insiste en que las empresas tienen que «perder el miedo» a estos procesos y acudir a tiempo. Más cuando, con la última reforma, se permite que los acreedores –aquellos que tengan más de un 5% del pasivo o un millón de euros de crédito– puedan solicitar la declaración de concurso culpable. El experto no tiene dudas de que los concursos van a mantenerse al alza en 2023, pero pone el foco en los nuevos mecanismos previos de reestructuración que contempla la norma «y que van a permitir que se puedan salvar más empresas antes de llegar al concurso», por lo que insiste en que las empresas deben informarse bien de los nuevos instrumentos a su disposición para la apertura de negociaciones con los acreedores o la homologación de un plan de reestructuración, cuando se encuentren en situación de insolvencia actual o insolvencia inminente.

Incluso, añade Javier López y García de la Serrana, «dichos instrumentos se pueden usar ante una simple probabilidad, pues en la última reforma se ha precisado que existe probabilidad de insolvencia cuando sea objetivamente previsible que, de no alcanzarse un plan de reestructuración, el deudor no podrá cumplir regularmente sus obligaciones que venzan en los próximos dos años».

«La nueva ley ayudará a muchas pymes pero no a las micropymes que arrastran meses de insolvencia»

Para la Confederación Granadina de Empresarios el aumento de los concursos de acreedores es un «síntoma de la situación real» que atraviesan las empresas granadinas. «Desde la CGE venimos alertando desde hace meses de que las empresas lo están pasando realmente mal, que hay una brecha considerable entre la situación económica y la evolución del mercado laboral. Los datos de procesos concursales son una prueba irrefutable de que la crisis inflacionaria, el aumento de los costes, la escasez de materiales y las mayores dificultades de acceso a la financiación están pasando factura a las pymes de la provincia», valora la secretaria de la CGE, María Vera.

Tras dos años de pandemia y de moratoria, Vera recuerda que la llegada de una nueva crisis inflacionaria y de costes ha impedido que las empresas puedan recuperarse de sus problemas de insolvencia y hace que se vean obligadas ahora a recurrir al concurso.

«La nueva Ley Concursal puede beneficiar a la mayoría de las pymes en el medio plazo –sobre todo por el nuevo proceso abreviado, mucho menos burocrático y gravoso para las empresas–, pero no a las micropymes que ya arrastran meses de insolvencia», esgrime.

En su opinión, la única forma de evitar que sigan creciendo los concursos de acreedores es «poner en marcha medidas eficaces que ayuden a compensar el incremento de los costes y la caída de los márgenes de rentabilidad».