Manuel, un granadino que trabaja como conserje en la Universidad de Granada, se enamoró del paisaje de Nívar. Solía acudir a este municipio cercano a la Sierra de la Alfaguara con frecuencia. Disfrutar de la gastronomía y pasear por la zona eran sus mayores aficiones. ... Tanto es así que decidió comprarse una casa para trasladarse a esta parte de la provincia. Lo que no sabía Manuel es que esta decisión se iba a convertir en su peor pesadilla.
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Empezaron a salir grietas y otros desperfectos en paredes y puertas y acabó abandonando la que iba a ser la vivienda de sus sueños por peligro de derrumbe tras la caída de un muro de contención y un corrimiento de tierras. De esto hace más de 16 años. A día de hoy no tiene casa, está demolida. El motivo es que una aseguradora ha sido condenada a derribar y volver a construir la vivienda de Manuel, que ahora está de alquiler mientras levantan de nuevo el que iba a ser el hogar de su vida y del que todavía no ha podido disfrutar en plenitud.
«Te sientes deprimido. La única casa que me he comprado y sigo sin poder vivir en ella después de tantos años», señala con pena Manuel Moreno Leyva, que espera poder asentarse de forma definitiva en su hogar antes de jubilarse. Por lo pronto, está de alquiler mientras se soluciona su problema.
Como este granadino, hay otros 24 afectados más en la urbanización La Alfaguara de Nívar. «La aseguradora ha tenido que desembolsar ya 4 millones de euros para arreglar 23 viviendas y demoler y volver a hacer otras dos más, incluida la de Manuel, debido a una póliza de responsabilidad civil que tenía la constructora», afirma Jesús Ferreira Siles, letrado que se hizo cargo de la causa que afecta desde 2009 a varias familias de la provincia.
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Y es que el Juzgado de Primera Instancia 11 y 13 de Granada ha condenado a una aseguradora a demoler y volver a construir dos viviendas y reparar los desperfectos de 23 viviendas más de una urbanización de Nívar. Parece una batalla ganada, pero no lo es.
El problema sigue
A pesar de la sentencia firme que existe, la situación no se presenta tan fácil para Manuel. La aseguradora se negó a asumir la responsabilidad de derribar y volver a construir las dos viviendas afectadas, por lo que se nombró un perito judicial que tasó el coste de las distintas obras que había que realizar y cuyo desembolso le fue embargado a la compañía condenada.
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El aumento del precio de los materiales de construcción en los últimos meses, sumado a los trabajos que hay que realizar en el terreno para incluir micropilotes que soporten el peso de las viviendas, abrirán en esta novela otro capítulo más en los tribunales. «Mi preocupación ahora es que el dinero que puso la aseguradora para demoler y volver a construir mi casa no va a ser suficiente para todo», afirma Manuel Moreno.
«La aseguradora tiene una petición de incremento presupuestario de casi 350.000 euros complementarios a los 4 millones de euros iniciales que tuvo que aportar para volver a levantar las dos casas y arreglar otras 23», subraya Jesús Ferreira Siles, letrado que representa la causa de estas familias. Lo que está claro es que si el dinero para que todo se quede como estaba no es suficiente, el largo recorrido que han vivido Manuel y sus vecinos se alargará todavía más en el tiempo.
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