El Tribunal de Cuentas condena a Villafranca a 404.000 euros por menoscabo a la Alhambra

Uno de los dos contratos es precisamente el del servicio de audioguías del recinto que explotó entre 2007 y 2014 la empresa Stendhal Museum Solutions (antes GTP Museum Solutions), por cuyas supuestas irregularidades contables está actualmente siendo juzgada junto a otros tres acusados en la Audiencia Provincial de Granada. Se trata de dos procesos diferentes.

La sentencia que acaba de dictar el Tribunal de Cuentas, a la que ha tenido acceso IDEAL, condena a Villafranca por menoscabo en los fondos públicos del PAG, mientras que absuelve a Reynaldo Fernández, quien también se había visto inmerso en este procedimiento «de reintegro por alcance» seguido en Madrid tras demandas presentadas tanto por la fiscalía como por la Junta de Andalucía.

En el fallo, que puede ser recurrido ante la Consejera de Cuentas, el tribunal condena a la exdirectora del monumento nazarí «como responsable contable directa» del menoscabo sufrido por el PAG como consecuencia del referido contrato de las audioguías y, sobre todo, por otro relacionado con las tiendas del monumento.

En concreto, según detalla la sentencia, por el contrato de explotación del servicio de audioguías y atención al visitante que también prestó la misma empresa en el período indicado, Villafranca habrá de abonar 129.018 euros. Para el tribunal, la exdirectora era «plenamente conocedora de los incumplimientos de la adjudicataria», que no abonaba al Patronato las cantidades correspondientes a los cánones debidos (ni el fijo ni el variable) y, a pesar de ello, «no solo permitió que se minorara la deuda indebidamente y en exceso, en perjuicio del Patronato y en beneficio de la adjudicataria, sino que autorizó la prórroga por cuatro años más del contrato referido».

El pasado 9 de enero, fecha en la que arrancó el juicio por el caso audioguías en la Audiencia de Granada, Mar Villafranca sostuvo ante la prensa que todas sus decisiones en ese asunto se ajustaron «a la ley». Ya ante el ante el tribunal negó haber tratado de beneficiar a la empresa que explotó la concesión, la cual pagó finalmente todo lo que debía, tras reconocerle el Patronato una deuda de 427.000 euros por el servicio de información que también prestaba.

Por el segundo contrato, el de gestión del servicio público por concesión de tiendas de la Alhambra, la suma que habrá de abonar Villafranca asciende a 275.247 euros. Esta cantidad, como explica el fallo, «procede de la aplicación indebida de deducciones al canon variable que debía abonar la adjudicataria, Laietana de Llibreteria S. L., al Patronato en virtud del contrato de concesión de tiendas de la Alhambra».

Sobre el detrimento causado a los fondos del PAG con ese contrato –que tenía una duración de cinco años, se formalizó el 17 de agosto de 2009 y se prorrogó en dos ocasiones–, el Tribunal de Cuentas explica que esas deducciones fueron acordadas por la directora del Patronato en resoluciones de 12 de abril de 2011, de 25 de mayo de 2012 y 25 de marzo de 2013.

Tanto la fiscalía como la Junta de Andalucía sostenían que Villafranca «se encontraba encargada de la concreta gestión de los fondos públicos y que actuó con grave negligencia en la adopción de acuerdos lesivos para el Patronato». Y el Tribunal de Cuentas les da la razón, aunque solo estima parcialmente sus demandas, puesto que la fiscalía cifraba el menoscabo en 1,3 millones de euros y la Junta, en 845.446 euros.

La Junta llevó el asunto hasta el Tribunal de Cuentas tras detectarse las «irregularidades» en un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía fechado el 28 de marzo de 2017 y emitido a petición de la Consejería de Cultura, de la que depende el PAG.

La resolución dispone que la exdirectora abone los más de 400.000 euros antes indicados, pero también «los intereses devengados desde que se produjeron los hechos hasta la completa ejecución de la presente sentencia». Esos intereses aún no se han cuantificado, pues se fijarán «en fase e ejecución».

Al exdirector Reynaldo Fernández, que se desvinculó desde un principio de ambos contratos por haber sido actuaciones pactadas antes de su llegada al Patronato –fue director desde el 21 de julio de 2015 hasta el 6 de marzo de 2019–, la Junta le atribuía un supuesto menoscabo de 49.958 euros por no haber emprendido –sostenía el Gobierno andaluz– «ninguna acción tendente a la recuperación de las cantidades indebidamente compensadas».

La fiscalía, por su parte, cifraba el menoscabo supuestamente generado por Reynaldo Fernández en 43.913 euros. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no aprecia responsabilidad alguna en su caso, pues las deducciones autorizadas por él, subraya, «no se han considerado generadoras de alcance en los fondos públicos del Patronato».