Los conductores de VTC pasarán un examen y no podrán aparcar a 300 metros de las estaciones de Granada

La normativa, cuyo desarrollo ha ocasionado grandes protestas por parte del taxi y de algunos ayuntamientos, ha sido aprobada este martes por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía con objeto de evitar que el sector tuviera que interrumpir su actividad con la entrada en vigor de la legislación estatal, que daba de plazo a las comunidades autónomas hasta octubre para desarrollar un marco normativo propio.

Según ha detallado la consejera Marifrán Carazo tras el consejo de gobierno, diez son los puntos esenciales que contiene «para ordenar el servicio». El principal es que establece que las autorizaciones que concede el Estado sigan como hasta ahora y, por lo tanto, solo puedan ampliarse si se cumpla el ratio de una licencia VTC por cada 30 de taxi que establece la ley.

Asimismo, establece zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar. En el caso de puertos, aeropuertos y estaciones, el rango será de 300 metros. De 150 será alrededor de paradas de taxi, hoteles de hasta cuatro estrellas, sedes de justicia, hospitales y lugares en los que se estén celebrando eventos culturales, deportivos o sociales. El proyecto de Fomento prohíbe expresamente la geolocalización previa a la contratación.

El texto obliga a los VTC a aportar información a la web del registro para un mejor control de las licencias que operan y sus conductores tendrán que superar «los mismos requisitos de capacitación que los taxistas para alcanzar la profesionalidad», según ha desgranado la consejero. Asimismo impone un máximo de 52 días de descanso obligatorio para los profesionales y fija especificaciones técnicas en cuanto a color, tamaño y sistema para los vehículos. En este sentido, como ha detallado Carazo, obliga a un 5% de los mismos sean adaptados.

La normativa aplica el régimen sancionador del Estado y comparte con los ayuntamientos la potestad para multar. Esto abre la puerta a que los consistorios recauden por la vigilancia en la aplicación de la ley.

La consejera Marifrán Carazo ha destacado que el texto establece un modelo «adaptado a la diversidad de Andalucía» y ofrecer «claridad» para que los VTC «sigan operando, pero diferenciando la actividad del taxi y siempre pensando en el usuario». En su opinión, las medidas incluidas son «equilibradas, proporcionadas y buscan defender los derechos del consumidor, además de promover la convivencia armónica».

La responsable ha detallado que el texto es fruto de las conversaciones mantenidas «desde 2019» con todos los agentes implicados, entre los que ha citado a taxistas, VTC, sindicatos, entidades supramunicipales y ayuntamientos.

Sobre las quejas de los taxistas, ha insistido en que todas las propuestas han sido incluidas salvo dos, la «todas las propuestas planteadas por el sector salvo dos», la precontratación con tiempo de 15 minutos y la eliminación de las licencias estatales. Carazo ha justificado que no han sido aceptadas «por la inseguridad jurídica que propician» y ha recordado que ambas han motivado ya recursos con reclamaciones millonarias contra la administración en otras comunidades.

Carazo, por otra parte, ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de «inacción y cobardía» por no evitar «17 normas distintas» y al que ha reprochado que desoyera las demandas de una moratoria que, según ha dicho, ha solicitado «de manera insistente».