El Consejo Social de Granada acumula ya diez meses sin reunirse

El órgano, creado en 2004 con carácter consultivo, se reunió por última vez el 27 de noviembre del año pasado en el Hospital Real. En aquella sesión, siete entidades –la Coordinadora Granadina de ONGDs, la Asociación de Emigrantes Retornados, la Federación Granadina de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Proyecto Hombre, Cáritas Diocesana, la Asociación de Cooperativas de Granada y Granada Convention Bureau, que debía rotar cada dos años con On Granada Tech City– fueron elegidas para formar parte del pleno.

Desde entonces, los miembros de la comisión permanente y del pleno del Consejo no han vuelto a ser convocados a pesar de que los estatutos establecen para ambos órganos una periodicidad de reunión de al menos una vez al trimestre.

Fuentes del propio organismo confirman que la entidad se mantiene en la «inoperancia» e «incumple su propia normativa». Según los estatutos, «en un plazo de tres meses desde la constitución de la corporación local surgida de una elección municipal deberá celebrarse una sesión constituyente del Consejo Social». Sin embargo, 103 días después del pleno de investidura que eligió a Luis Salvador como alcalde, el organismo sigue sin celebrar su propia sesión de constitución.

Este periódico contactó ayer a mediodía con el equipo de gobierno para recabar información sobre la situación actual del Consejo Social y conocer los planes para su reactivación. Cuatro horas después, el Ayuntamiento notificó a IDEAL la introducción este jueves en el orden del día del pleno, que se celebra mañana viernes, de una moción de urgencia para el nombramiento de los representantes de cada grupo municipal. La intención del gobierno es, según expresó a este periódico, «votar al nuevo presidente y activar el Consejo cuanto antes».

En los últimos dos años, el Consejo Social ha vivido una renovación profunda. El impulsor fue el catedrático de Economía de la Universidad de Granada, Santiago Carbó, que fue designado presidente de la entidad por el anterior regidor, el socialista Francisco Cuenca, en abril de 2017.

Carbó activó los mecanismos para la reforma de los estatutos del Consejo Social con el objetivo de despolitizar el órgano y darle herramientas para convertirlo en un altavoz para la sociedad civil granadina. Fruto de esa modificación fue el nuevo proceso de elección de la presidencia, que establece que el nombre sea elegido por unanimidad por el pleno municipal.

Tras lograr la aprobación de la nueva normativa y la composición de una estructura en la que estuvieran representado un mayor número de entidades civiles, el economista presentó su dimisión. La decisión, hecha pública el pasado 18 de febrero, fue justificada por el hasta entonces máximo representante del organismo como fruto de «disputas partidistas» y de la falta de medios para el correcto desarrollo de las actividades impulsadas por el Consejo. Desde entonces, la presidencia recayó sucesivamente sobre Francisco Cuenca (PSOE) y Luis Salvador (Cs).

La semana pasada, Comisiones Obreras reclamó la reactivación «inmediata» del órgano consultivo. Ayer, el secretario de Organización del sindicato y miembro del Consejo Social, Daniel Mesa, insistió nuevamente en la «constitución» del ente, al que definió como «el espacio de la sociedad civil en la política municipal», y reclamó una mayor dotación económica «que le permita desarrollar su actividad con normalidad».

El dirigente sindical reivindicó la etapa de Santiago Carbó por el «consenso» alcanzado y por la capacidad para lograr que el órgano «cumpliera una función para la que se estableció y que nunca hasta entonces se había cumplido, que es la de dictaminar las medidas que se adoptan en el Ayuntamiento».