![Obras en Granada: Las constructoras dejan desierta la licitación de 122 viviendas en Santa Adela por falta de rentabilidad](https://s2.ppllstatics.com/ideal/www/multimedia/202302/02/media/granada/santaadela.jpg)
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El Ayuntamiento de Granada no ha encontrado empresa para ejecutar las obras de demolición, urbanización y edificación de 122 viviendas de VPO en Santa Adela por 12,3 millones de euros. El concurso de la obra se publicó el pasado 27 de diciembre y el ... plazo de presentación de ofertas concluyó el 26 de enero, sin que ninguna empresa haya concurrido a la licitación por no resultarle interesante el precio.
Una situación, que a juicio de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, pone en riesgo los fondos europeos para ejecutar la obra y el convenio firmado entre Ayuntamiento de Granada, Estado y Junta de Andalucía. Las obras tenían que comenzar antes del 21 de marzo de 2023, seis meses después de la resolución de la Junta, unos plazos «que ya es imposible cumplir».
«Desde ACP Granada, en las reuniones periódicas mantenidas con el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, se ha advertido en reiteradas ocasiones del riesgo que el Ayuntamiento corre de que las obras se queden desiertas y de que el contratista abandone una obra municipal», afirma el gerente de la ACP, Francisco Martínez Cañavate, que considera muy grave la situación. A su juicio, el Ayuntamiento no encuentra constructoras básicamente porque pagan poco y tarde.
«El Ayuntamiento de Granada no ha actualizado las bases de precios con las que licita, a pesar del inmenso incremento de los precios experimentado en 2021 y 2022. Es decir, los precios de partida son precios no acordes a los del mercado», esgrime Martínez Cañavate.
Además, recuerda que el Ayuntamiento de Granada se ha «negado» a acogerse al Decreto de Revisión de precios del Estado (RD 3/2022) y al DL 4/2022 de la Junta de Andalucía que permiten la revisión de precios al alza. «Una cuestión que genera gran incertidumbre e inseguridad jurídica en las empresas constructoras», lamenta.
«El Ayuntamiento de Granada incumple sistemáticamente la norma al pagar sus facturas en plazos medios muy superiores a los 30 días que marca la Ley; llegando a pagar certificaciones en plazo de 150 días», concluye Martínez Cañavate, que entiende que estos plazos son «financieramente insoportables» para las empresas.
Estas circunstancias hacen que el sector de la construcción tenga al Ayuntamiento de Granada «en cuarentena» y no concurra, «ya que resulta prácticamente imposible construir un edificio de 122 de viviendas con esas condiciones».
Lo peor, insisten desde la ACP Granada, es que se lo han advertido en numerosas ocasiones a los máximos responsables municipales «sin que el Ayuntamiento haya movido una coma de sus criterios de licitación, en una actitud cuando menos reprochable».
«Desde ACP Granada lamentamos que el Ayuntamiento de Granada desprecie de forma sistemática las alertas que el sector de la construcción le lanza y esperan una inmediata corrección de las cuestiones comentadas con la finalidad de poder restablecer la confianza con un sector que es fuente de empleo en Granada y generador de ingresos del Ayuntamiento de Granada y exigen la máxima diligencia para evitar la pérdida de las partidas presupuestarias públicas que sostienen esta importante obra para Granada», concluyen.
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