Fractura en el Consejo Consultivo, que lleva un mes en funciones

Pero no solo eso. Las citadas resoluciones dejan entrever una clara división -al menos a la hora de valorar la legalidad en este asunto- en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo, ya que en todas ellas hay un voto particular de tres consejeros que ponen en tela de juicio y critican la decisión del resto, que son otros tres consejeros y la presidenta del órgano, María Jesús Gallardo Castillo. Como es sabido el Consultivo se encuentra en funciones a la espera de la renovación de sus consejeros.

Los nuevo once dictámenes sobre ayudas a Boliden plasman la decisión de la mayoría de los integrantes de la Comisión Permanente al establecer los límites a la revisión de oficio. Hubo en concreto cuatro votos a favor de declarar la nulidad y tres contrarios. Los miembros que votaron a favor, además de la presidenta del órgano, fueron las dos exconsejeras de la Junta María del Mar Moreno y Begoña Álvarez Civantos, y Antonio Dorado.

La postura discrepante que consta en el citado voto particular la firman los tres consejeros Juan Gorelli Hernández, Ángel Rodríguez-Vergara Díaz y el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo Rodríguez (este último, por cierto, ya ha agotado sus dos mandatos y saldrá del órgano tras su renovación).

Estos consejeros resaltan que el dictamen mayoritario «se limita a afirmar que la revisión de oficio 'debe ejercerse por la Administración'» y, en este marco, subrayan que quieren «defender, frente a la opinión mayoritaria, la integridad de las funciones propias de este Consejo Consultivo, a las que se renuncia, sin ninguna argumentación jurídica por parte de la mayoría».

Y es que creen que el hecho de que la Administración, en su propuesta de resolución, estime la nulidad, «no veda el pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andalucía sobre la posible aplicación de los límites a la revisión de oficio».

«Nos encontramos -añaden- ante una situación en la que, pese haberse solicitado expresamente por el afectado por la revisión de oficio, la aplicación de los límites a la misma, el Consejo no ha estudiado, ni analizado esta cuestión, resolviendo sin entrar sobre la misma y dictaminando favorablemente la nulidad. Por lo tanto, estamos ante una decisión del Consejo Consultivo que cae en una flagrante incongruencia omisiva».

Boliden fue la empresa que compró la explotación minera de Aznalcóllar a Apirsa en diciembre de 1987, una década antes del desastre ecológico ocurrido el 25 de abril de 1998 por un vertido de lodos tóxicos en el parque nacional y Natural de Doñana causado por la rotura de la balsa minera. A raíz de la catástrofe, según la prensa nacional de la época, se prejubilaron más de 400 mineros y Boliden recibió más de 54 millones de euros en subvenciones de la Junta.

Los nuevos dictámenes sobre Boliden son todos del pasado 12 de enero y, en ellos, el órgano declara nulas nueve ayudas de 30.000 euros brutos y dos de 60.000. El motivo: «por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido» para adoptarlas.

La Administración, según concluye el Consultivo, las aprobó sin la fiscalización de la Intervención y lo acordado ahora por el órgano implica, de acuerdo con las citadas fuentes, dejar en manos de la Junta poder reclamar a los beneficiarios la devolución del dinero o no.

Estos casos que han llegado ahora al Consultivo, como se ha dicho, no son los primeros. En el mes de ... 2021 el órgano ya emitió cinco dictámenes que también declaraban nulas otras de las ayudas a exempleados de Boliden que tuvieron su origen, según revelan los propios documentos, en un protocolo firmado entre la Administración y organizaciones sindicales.

Ese año pasaron también por el filtro del Consultivo otros Expedientes de Regulación de Empleo (Pickman La Cartuja, Asociación Faja Pirítica de Huelva y Valeo) y, desde 2012, han podido examinarse en el Palacio de Bibataubín de Granada (sede del órgano) casi 400 expedientes de los controvertidos ERE.

Han transcurrido ya más de 12 años desde la fecha de la resolución por la que se concedieron las once subvenciones a Boliden ahora examinadas (se otorgaron a través de una resolución de 2010 de la entonces Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico) y ahora, según las fuentes, tras el pronunciamiento del Consultivo, será la Junta la que tendrá que mover ficha para recuperar o no aquel dinero.

Ha sido la propia Administración consultante (la Consejería de Empleo) la que, al revisar de oficio aquellos expedientes de exempleados de Boliden, apreció infracciones de la normativa reguladora del procedimiento y por eso pidió la opinión del Consultivo. Entre otras irregularidades, observó que no existía constancia «de que el otorgamiento de la ayuda haya sido objeto de fiscalización previa». Tampoco constaba la aceptación de las ayudas por parte de los beneficiarios ni la «acreditación de la situación» que las generó.

El Consejo Consultivo de Andalucía vela por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico. Se trata de un superior órgano consultivo que dictamina sobre la legalidad de las decisiones de las administraciones autonómica, entidades locales, organismos públicos dependientes de estas y universidades públicas.

Es, en definitiva, un órgano de asesoramiento en el procedimiento legislativo y en la mayoría de los procedimientos administrativos, pero, a juicio de estos tres consejeros, hay situaciones, como esta, en las que también se convierte en «un órgano de control y garantía» y debía, por ende, haber establecido qué debe hacer ahora la Junta.