La Junta da luz verde al plan de protección al que se opuso el litoral

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, previsto en el decreto ley de medidas urgentes de 2012 para «garantizar la preservación de los espacios no urbanizados de la franja costera y evitar el deterioro de su paisaje». Con el desarrollo de sus medidas, se protegerá el 55% de la superficie total de estas zonas en la comunidad autónoma.

La Costa granadina 'declaró la guerra' a este decreto y presentó más de 400 alegaciones de ayuntamientos, asociaciones y colectivos, coordinadas por la Mancomunidad de Municipios. La mayoría de los pueblos del litoral granadino entendieron que esta normativa iba a ser «un corsé» para el futuro crecimiento de una costa aún por desarrollar.

El objetivo central, tal y como expone el gobierno andaluz, se orienta a garantizar la conservación y revalorización de la franja comprendida en los primeros 500 metros de la costa, así como de todas aquellas zonas necesarias para asegurar las finalidades de protección. Este espacio, que ocupa un 9% de la superficie de Andalucía y acoge al 40% de su población, se considera «un activo de primer orden para la competitividad turística y para las principales actividades económicas de la región».

Frenar crecimiento

El objetivo del Gobierno andaluz es frenar previsiones de crecimiento elaboradas hace años (fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90) y no acordes con las exigencias actuales. Durante las últimas cinco décadas, la intensa actividad económica ha dado lugar a que ya se encuentren ocupados casi el 40% de los terrenos situados en los primeros 500 metros de costa, frente al 7% de mediados del siglo pasado, según aportan.

Para su elaboración, los servicios técnicos de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han analizado los 918 escritos presentados y las 3.547 alegaciones formuladas. Un 35% ha sido incorporado a la redacción final. De los 62 municipios incluidos en el ámbito de influencia del plan, han presentado alegaciones 48, además de las diputaciones de Málaga y Granada. El 55% del total han sido planteadas por ciudadanos.