Multa a Almuñécar por dejar que los vecinos paguen la urbanización de Punta de la Mona

La historia del largo conflicto entre la urbanización Punta de la Mona de Los Berengueles con el Ayuntamiento de Almuñécar-La Herradura a cuenta de su mantenimiento ha producido la primera consecuencia económica. En un auto al que ha tenido acceso este periódico, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Granada ha decidido imponer al Consistorio sexitano una multa coercitiva por no cumplir con la sentencia que le obliga a asumir la conservación de la zona.

Ambas partes llevan años litigando a cuenta de la urbanización de este entramado de calles, que los propietarios consideran que debe adecuarse con fondos públicos y no con las cuotas de la comunidad, como ha ocurrido hasta ahora. La cifra de la amonestación es mínima, asciende únicamente a 150 euros, pero puede incrementarse tanto como el Consistorio tarde en cumplir el fallo.

Y es que el magistrado Rafael Rodero, que obra después de que el Ayuntamiento no haya contestado a ninguno de los dos requerimientos realizados en junio y octubre del pasado año, ha previsto reiterar esta multa cada 20 días «hasta el cumplimiento» de la sentencia desde principios de noviembre, de cuando data el auto.

Suma y sigue

Esta información suma un capítulo más en el historial de amonestaciones y sentencias que, en las últimas semanas, trae de cabeza a los de Trinidad Herrera. Pese a que el fallo por la demanda de la concesionaria del párking del mercado municipal libró a Almuñécar de pagar diez millones de euros, hace poco más de un mes, el edil de Economía, Antonio Laborda, reconocía que parte de los 5,7 millones de euros solicitados a Hacienda para pagar a proveedores se utilizarían para abonar sentencias condenatorias con las que no contaban en su presupuesto y que estaban «asfixiando» la economía local. Algunos de esos juicios llevaban hasta una década coleando en las salas de los tribunales. Y todo, sin hablar de Cármenes del Mar, la urbanización en estado de alerta por el hundimiento desde hace años de sus cimientos sobre toda una ladera de Cerro Gordo.

Ahora, la nueva multa no es del agrado del Consistorio, que, según fuentes municipales, desconoce el contenido del auto. «Lo que hay abierto es un procedimiento sobre la titularidad de los viales de la urbanización y nosotros le hemos trasladado al juez que, para recibirlos, igual que en todos los municipios, esos viales tienen que estar con todos los servicios funcionando correctamente», señala el teniente de alcalde y delegado de Servicios de La Herradura, Juan José Ruiz Joya. Esos servicios no son otros que saneamientos, abastecimientos, redes pluviales o alumbrado.

Ni luces

El responsable prosigue que, si recepcionaran automáticamente la urbanización, crearían un «precedente» para cualquier otro caso, que tendría «muy fácil» pasar la patata caliente a un ayuntamiento «a costa de todos los ciudadanos». «No hay acerado ni una sola luz en toda Punta de la Mona», reconoce para este diario una vecina del entorno. Según corroboran fuentes municipales, la red de saneamiento y abastecimiento tiene filtraciones y eso está haciendo que en zonas de la carretera y los viales haya desprendimientos o hundimientos.

El complejo, levantado en la década de los 60 y que incluye un hotel, lo habita en la actualidad medio millar de vecinos. Muchos de ellos emplean este lugar con hermosas vistas sobre el Mediterráneo como segunda residencia y la mayoría responde a un perfil económico de clase media-alta. A cambio, la comunidad asciende a una media de unos 1.000 euros por finca, con extremos que van desde los 500 hasta los 5.000, en cifras redondas.

Próxima negociación

«Es una batalla histórica que nos ha tocado a nosotros», lamenta Ruiz Joya. Pese a la multa por no haber ejecutado ya esta recepción, el Ayuntamiento cree que hay margen para la negociación. «Vamos a reunirnos con los vecinos para llegar a un acuerdo beneficioso para todos. No les vamos a dejar tirados a su suerte, aunque tienen que entender que el Ayuntamiento no puede asumir un coste tan importante como es tener que dar todos los servicios» cuando, asegura, la ley está de su lado.

Por su parte, el abogado Salvador Martín Valdivia, empleado por los propietarios, sospecha que Almuñécar quiere «salirse por la tangente» con «argumentaciones jurídicas que tienen poco peso».

«Ahí había un problema de fondo que era la obligación de los propietarios de pagar año a año el costoso mantenimiento de la urbanización», señala, con «una cuota de comunidad enorme». Los tribunales ya se pronunciaron en 2013 y 2014 a favor de los intereses de los vecinos.

«Tienen que cumplirlo», reitera. Si no, según lo establecido, sería el turno de elevar el tono y adoptar medidas más comprometidas, como abrir un procedimiento por desobediencia que podría concluir en una inhabilitación de hasta 9 años al funcionario o la autoridad competente. El juzgado, en ese escenario, podría actuar a través del ministerio fiscal. «Serían medidas muy graves -sostiene el letrado-, pero habituales».