Medio Ambiente anuncia una auditoría de toda la gestión de Acuamed, Rules incluido

Hasta este lunes, Acuamed sonaba a muy poco en España, pero menos en Granada. El estallido del presunto caso de corrupción que salpica a esta empresa pública dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y encargada de la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas en la cuenca mediterránea habría tenido escasa relevancia en la provincia sino fuera porque su nombre, puesto en cuarentena hoy, está ligado a una de las infraestructuras con más polémica del mapa provincial: la presa de Rules.

El pasado mes de noviembre, el gobierno central anunció con satisfacción que 2016 sería el año en el que, de una vez por todas, saldría adelante el proyecto para la construcción de las demandadas canalizaciones que alimentarían con el agua dulce contenido en ese embalse los cultivos del Bajo Guadalfeo. Aquel acuerdo alcanzado entre los regantes y Medio Ambiente para dar salida a un pantano inútil desde el fin de su construcción, hace trece años, suponía un gran paso adelante para los intereses de toda la provincia, que aplaudió de forma unánime la reactivación de esta iniciativa.

Hoy, a la luz de los registros en media docena de sedes de Acuamed y la destitución de su director general, Arcadio Mateo, detenido junto a doce personas por un presunto fraude de entre 20 y 25 millones de euros a la hora de adjudicar contratos, las prometidas obras granadinas vuelven a asomarse al abismo, habida cuenta de que Acuamed es parte de ese esperado acuerdo.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, aseguró ayer en una comparecencia en Madrid tras reunirse con el consejo de administración de la sociedad de aguas que se va a impulsar una «auditoría técnica externa» para investigar y auditar «todas las contrataciones» de Acuamed a lo largo de los años. «Conviene internamente que tengamos conocimiento de toda la gestión que ha podido tener», recalcó Saavedra, para ponerlo «al servicio de la investigación».

Control de las actuaciones

El Ministerio anunció así la toma de control sobre «todas las actuaciones» realizadas desde, al menos, 2007. Dentro de ese volumen de información se encuentran, que se sepa, cuatro licitaciones asociadas a Granada y un contrato, siempre vinculados al sistema Béznar-Rules. Se trata de un número mínimo comparado con el que quedaría expuesto en otras provincias en las que, para empezar, Acuamed sí tiene radicada alguna oficina -los asuntos granadinos los han venido coordinando desde Málaga, ilesa hasta este martes, y Almería, donde se tiene constancia de al menos un proyecto supuestamente 'envenenado'-.

Ese total responde a los vaivenes políticos que han marcado el porvenir de las canalizaciones de Rules. Las dos primeras convocatorias públicas datan de 2007, cuando Acuamed convocó dos concursos para poder redactar el proyecto de las conducciones en dos tramos, por 1,6 millones de euros en total. El entonces director general de Acuamed, Adrián Baltanás, insinuó en Motril que las obras se iniciarían en 2008.

Sin embargo, ese año, lo que la empresa pública hizo fue adjudicar por unos 173.000 euros a la consultora Apia XXI los «servicios de ingeniería» para la redacción de un proyecto informativo para el segundo tramo, el denominado 'cota 200'. Ese contrato, como todos los demás efectuados por Acuamed, sí entraría en el primer grupo de documentación que deberá investigar el Ministerio antes de pasar al resto de iniciativas.

Sin movimiento

Hasta 2015 y la salida a concurso del nuevo proyecto -abierto, por cierto, hasta el día 8 de febrero- para actualizar la información de que Acuamed disponía mediante un texto valorado en medio millón de euros que aúne toda la construcción, la empresa pública no habría vuelto a aparecer por el pequeño segmento granadino de la cuenca mediterránea, tal y como coincidieron diversas fuentes.

Esa baja actividad se suma a dos elementos tranquilizadores. Por un lado, el Ministerio habría asegurado a los regantes granadinos tras saltar la noticia que el caso no compromete «para nada» sus intereses, aunque, eso sí, les habrían pedido prudencia. Además, el Gobierno ha ofrecido en reiteradas ocasiones cuatro millones de euros liberados para redactar el proyecto definitivo. Por otro lado, la operación 'Frontino', como ha sido denominada, se ha centrado por ahora en adjudicaciones de obras.

Sin embargo, la investigación está bajo secreto de sumario. Fuentes consultadas por IDEAL señalan que, por el momento, no se ha movido nada en las esferas judiciales de la provincia, que al menos en la Costa fía la gestión del ciclo integral del agua a Aguas y Servicios, un conglomerado de Aqualia (empresa del grupo FCC) y Acciona División de Aguas. Ayer trascendió que dos directivos de Acciona Infraestructuras y FCC Construcción figuran entre los detenidos.