Una sentencia libra a Almuñécar de pagar 1,3 millones para recuperar una parcela

Es un agujero histórico en la localidad, tanto en sentido metafórico como físico. El amplio solar situado en el callejón Hurtado de Mendoza de Almuñécar, al lado del cauce del río Verde, y sobre el que se planeó construir el Palacio de la Justicia en la época de Juan Carlos Benavides, sigue dando de qué hablar. Esta vez, por una sentencia favorable a los intereses del Ayuntamiento, que le permite, en principio, recuperar el terreno sin tener que abonar los 1,3 millones de euros reclamados por la Junta a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).

La polémica viene de atrás. AVRA, la antigua Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) llevó a los tribunales al Consistorio para exigirle esa cuantía económica como compensación por los terrenos del P-4 en los que se iba a construir la infraestructura judicial.

Lo paradójico del caso es que esa parcela pertenecía originariamente al propio Ayuntamiento y la cedió a la Junta, por la que hasta esta última sentencia hecha pública ahora requería más de un millón de euros al que fue su propietario original. El origen está en 1995, cuando el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PSOE, cedió este solar obtenido por los aprovechamientos obligatorios del desarrollo del Plan Parcial P-4- a EPSA de forma gratuita para la construcción de viviendas de protección oficial. La empresa pública de suelo de la Junta no ejecutó jamás aquellas obras y en 2004, Benavides impulsó un controvertido convenio con EPSA en el que el Ayuntamiento volvía a recuperar esa parcela a cambio de entregar, en un plazo de cuatro años, otra de similares características a la del P-4, que tiene una edificabilidad de 7.668 metros cuadrados. Si no, debía pagar algo equiparable. Y de aquellos barros, estos lodos.

Sentarse a hablar

Sin ninguna grúa en el horizonte sobre ese terreno, Almuñécar se rebeló entonces contra el pago y la Junta fue a juicio mientras el solar permanecía sin nada. Hasta hoy. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Granada ha examinado la cuestión y en su sentencia da la razón al municipio sexitano al desestimar el recurso contra la decisión de la junta de gobierno municipal Ayuntamiento de oponerse al cumplimiento del convenio en su apartado de pagar «la cantidad pactada en concepto de transmisión de los solares de propiedad de EPSA».

Sobre este caso, en el que el Ayuntamiento ha estado defendido por el abogado Rafael Revelles, el edil de Urbanismo, José Manuel Fernández, valoró a IDEAL que se trataba de una «sinrazón incomprensible». «Por segunda vez, la Justicia nos da la razón», argumentó. Aunque cabe recurso, Fernández adelantó que se sentarán a «hablar» con AVRA para buscar una solución y que ofrecerán «varias alternativas» a la Junta a cambio de ese terreno. Esta, de momento espera hasta que termine de perfilar su «estrategia», según portavoces de AVRA, que también mostraron su mano tendida a reunirse con el Consistorio que dirige Trinidad Herrera.