Motril mantiene las tasas de basura a los cortijos ante más de 200 afectados

Más de 200 personas abarrotaron el salón de plenos de Motril durante la celebración de un pleno extraordinario en el que el equipo de Gobierno PSOE y PA rechazó retirar las polémicas tasas de basura a los cortijos, una medida que ha llegado a los propietarios de estas viviendas en forma de recibos que contemplan el cobro por el servicio de recogida de los últimos cuatro años y que afecta a un total de 2.500 diseminados, de los cuales más de 1.400 son residencias habituales. A diferencia de otras sesiones plenarias, en esta ocasión los vecinos caldearon una jornada cuyo telón de fondo fue el cruce de acusaciones entre partidos políticos, alentadas por los aplausos y abucheos del público, cuyas reacciones provocaron más de una llamada al orden por parte de la alcaldesa de la localidad, Flor Almón.

El salón de plenos se quedó pequeño para acoger a los propietarios de los cortijos, que se agolparon para informarse sobre el cobro de esta tasa para la que el Partido Popular solicitó su anulación y liquidación, así como la devolución del importe a los vecinos que ya han pagado y cuyo cobro es considerado injusto por la agrupación puesto que, según señalan se está cobrando de forma retroactiva por un servicio que no se ha prestado, un argumento jaleado y aplaudido por los vecinos.

El equipo de gobierno, por su parte, quiso desmarcarse de estas acusaciones al argumentar que el Ayuntamiento tiene que cobrar por el transporte y tratamiento de los residuos en la planta de Vélez de Benaudalla. «Que yo sepa, los propietarios de los cortijos no queman la basura. A nosotros nos cobran los residuos por peso, si los propietarios de los cortijos, que se acercan a los contenedores, no pagan esa tasa, eso significa que se la están pagando el resto de motrileños», señaló el teniente alcalde de Economía y Hacienda, Francisco Sánchez-Cantalejo que asumió haber «cometido un error» al emitir los recibos de los últimos cuatro años a la vez, algo que también criticó duramente IU, que finalmente se abstuvo en la votación. «Se han equivocado en las formas. A mi me llega un recibo de 300 euros de golpe y tiemblo. Se ha montado un circo de algo que se podría haber evitado con un poco de información», señaló Inmaculada Omiste, que también acusó a la popular Luisa García Chamorro de «montar un espectáculo de algo que ya sabía que iba a producirse». «El Ayuntamiento lo ha gestionado mal, pero usted, cuando estaba en el poder, sabía que esto iba a pasar», señaló Omiste haciendo alusión al plan de ajuste de 2012 puesto en marcha por el PP donde, según señalaron, se encontraba la puesta en marcha de las tasas de basura a los diseminados y que se han incorporado ahora, después de que se actualizase el catastro, necesario para contar con un plan de actuación concreto para conocer la ubicación de los cortijos y pasarles los recibos.

En este sentido y como ya señalara desde que saliera a la luz el cobro hace unas semanas, Sánchez-Cantalejo aseguró que se trata de una medida puesta en marcha por el gobierno del Partido Popular, que se ha «encontrado ahora el gobierno» y que no puede echarse atrás por una cuestión jurídica. «Si eliminásemos el cobro de la tasa, estaríamos prevaricando», repitió en varias ocasiones este edil, que incluso se levantó para poner encima de la mesa de la bancada popular la ordenanza fiscal de aquellos años, algo que la portavoz del PP, Luisa García Chamorro rechazó de pleno alegando que, si su gobierno nunca cobró a los cortijos por la recogida de basuras fue, precisamente, «porque nunca se prestó el servicio». «Los propietarios de los cortijos quieren pagar, pero siempre y cuando reciban el servicio. Siéntese con los vecinos porque usted puede y debe hacerlo», recalcó la portavoz popular que hace apenas unos días anunció que elevaría la queja al defensor del pueblo. Y todo ello con las protestas de los vecinos de fondo, que interrumpieron el pleno para mostrar su disconformidad con el cobro.

Pero el momento más caliente de la sesión se vivió durante la intervención del popular José García Fuentes, que acusó a la alcaldesa de Motril, Flor Almón de «no saber moderar un pleno», después de que la regidora pidiese calma a los vecinos para que atendiesen a las explicaciones de los técnicos, «que saben de lo que hablan porque tienen carrera universitaria», un comentario que suscitó el enfado de muchos de los presentes. «Esto no es una decisión mía, cuando detectamos el problema consultamos a los técnicos y seguimos las pautas de sus informes. Hay que ajustarse a la ley, porque si no, caeríamos en prevaricación», señaló Almón ante la petición del PP de eliminar esta tasa al asegurar que el Ayuntamiento de Motril sí que cuenta con esa competencia.

«Si no la retiran es porque no quieren. No se puede cobrar una tasa con efecto retroactivo y por un servicio que no se presta», reiteraron en varias ocasiones los populares que también dudan de la posibilidad de adaptar los cobros atendiendo a criterios de ubicación y tamaño de los cortijos tal y como plantea el Ayuntamiento a partir del año 2018. «Si regulan así las tasas, van a encontrarse con problemas con los motrileños que viven en el centro o en la playa, porque pueden reclamarle la misma adaptación», alertó García Fuentes.

En cualquier caso, lo cierto es que después de que el gobierno votase en contra de la petición del PP e IU se abstuviera, Motril seguirá adelante con el cobro de estas tasas aunque, según señaló el gobierno, los propietarios podrán pagar la mitad de la misma durante 2017 y la otra durante 2018 de manera mensual mientras, de manera excepcional, tendrán la posibilidad de abonarla hasta en 36 meses, es decir, hasta 2019.