Acuaes afirma que las expropiaciones de Rules cumplen los requisitos

Las declaraciones y explicaciones del organismo, a preguntas de IDEAL, se producen tras las quejas de los agricultores de Lobres, Molvízar, Motril o Vélez de Benaudalla por la afección que tienen las obras de las canalizaciones del sistema de presas Béznar-Rules, una infraestructura que la Costa esperaba desde hace décadas, en sus fincas. Los propietarios no están de acuerdo con el valor que otorga la administración a sus parcelas que, según los propios regantes, rondan los 12 euros por metro cuadrado, un 80% menos por metro cuadrado que lo que recibieron tras la expropiaciones forzosas para la ejecución de la autovía.

Acuaes mantiene que se han seguido los plazos y trámites establecidos. La administración señala que el 22 de noviembre de 2023 fue publicado el anuncio de Boletín Oficial del Estado para hacer pública la convocatoria de levantamiento de las actas donde consta que son 367 las fincas afectadas por la expropiación. En total, en las primeras publicaciones las parcelas ascendían a cerca de 400, pero muchas de ellas pertenecían a las administraciones públicas.

Acuaes señala que los criterios de valoración de los bienes y derechos afectados se basan en las características agronómicas y urbanísticas del proyecto y «en la legislación específica de valoración en materia de expropiación forzosa», basada en una primera ley que data de 1954, así como en dos reales decretos de 2011 y 2015. El informe de precios fue aprobado por el Consejo de Administración de Acuaes, el 30 de noviembre de 2023.

Según ha podido saber este medio, los ayuntamientos y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical citaron a los propietarios a principios de diciembre. Una vez levantadas las actas de ocupación, fueron firmadas por 221 propietarios, y para aquellos que no estuvieron conformes con las condiciones ofrecidas por el Gobierno sus cuantías correspondientes han sido consignados a los depósitos previos en la Caja General de Depósitos hasta que se resuelva el asunto. Los afectados ya negocian con la administración y tasan sus fincas. Si no se alcanza acuerdo con Acuaes, el siguiente paso para los propietarios será la intermediación del jurado provincial de expropiaciones. Por último, solo quedaría agotar la vía de los tribunales ordinarios a través de un recurso contencioso-administrativo.

Los agricultores no están satisfechos. «No miramos el BOE todos los días y cuando nos citaron no había dado tiempo a estudiar las circunstancias y los cambios que suponían las expropiaciones para las fincas», señalan.

Además, apuntan que con las referencias catastrales no se puede tener en cuenta los años de producción, el retorno y la productividad que tienen sus cosechas, ya que muchos pierden centenares de árboles con las obras. «Los que nos ofrecen por el suelo está muy lejos de lo que es la realidad del mercado», comentan los afectados de Lobres. Los damnificados por el desarrollo de las obras presentan alegaciones al considerar que las propuestas están muy lejos de los precios de mercado.

Las asesorías jurídicas y abogados consultados por los afectados consideran que el procedimiento empleado para expropiar los terrenos no cumplió todas las garantías. En muchos casos, sin antelación, se les citó en los consistorios para que firmaran el acta previa de ocupación. En las jornadas en las que tuvieron lugar las citaciones, se pretendía culminar el procedimiento también con la firma del acta de ocupación y de mutuo acuerdo cuando no se había delimitado con estacas las áreas afectadas. Un grupo de propietarios accedió a la oferta.

A juicio de los representantes legales, la cantidad que ofrece Acuaes no tiene en cuenta los gastos que se deben afrontar para devolver las fincas a su estado inicial. Tampoco tiene en consideración el lucro cesante y que una vez que concluyan las obras muchas fincas tendrán una merma de dominio. Incluso en el área donde se ubican las tuberías no se podrán volver a plantar subtropicales o las tierras, tras el paso de la maquinaria, tardarán en recuperarse para su labrado. Los asesores solicitan un acuerdo digno que no reduzca el patrimonio de los vecinos de la Costa.