La gestión para ubicar a los 17 inmigrantes argelinos que se quedaron el domingo por la noche en la calle después de que ninguna oenegé se hiciera cargo de ellos, dejó ayer en el aire qué administración es la responsable de estas personas cuando se quedan sin techo. Tanto el Ayuntamiento de Motril, que fletó un autobús el domingo por la noche rumbo a Granada, como el de la capital, coinciden en que las competencias en inmigración son del Estado. Desde la Subdelegación del Gobierno se limitaron a decir que «existe un protocolo que funciona bien pero que debido a las actuales circunstancias es más complejo» y que cuando se producen situaciones como la de la madrugada del domingo es necesaria «la cooperación institucional». A la pregunta de qué pasa si esa cooperación no se da, la Subdelegación no respondió.
Publicidad
Ese protocolo que desde la institución que dirige Inmaculada López Calahorro consideran que «funciona bien», no le parece tan claro al consistorio motrileño. La concejal de Asuntos Sociales, Inmaculada Torres, instó ayer al Gobierno a reunirse para prever cómo tiene que actuarse en situaciones como la de estos últimos inmigrantes. Insistió en que ellos no tienen recursos ni infraestructuras, más aún teniendo en cuenta que estas personas tienen que quedar ahora en cuarentena. Ante el temor de que con el buen tiempo se pueda producir un incremento en la llegada de pateras, el Ayuntamiento motrileño ve imprescindible que haya previsión. «Confío en que atienda nuestra llamada», dijo.
Asimismo, el PPgranadino pidió el cese de López Calahorro por «su incapacidad para establecer un protocolo eficaz de acogida de inmigrantes acorde a la actual situación sanitaria». El diputado popular por Granada, Carlos Rojas, recordó que ya le habían pedido que se anticipase para «garantizar que la posible acogida se efectuase en condiciones adecuadas».
El alcalde de Granada, Luis Salvador, por su parte, explicó que ellos se hicieron cargo de los inmigrantes, a los que alojaron de madrugada en el pabellón Paquillo Fernández, «por solidaridad». Pero dejó claro que no es una competencia del gobierno local y dio un plazo a la Subdelegación para solucionarlo. «Tienen hasta las ocho de la tarde para reubicarlos», dijo. De lo contrario, estaban dispuestos a volver a llevarlos a la puerta del edificio que alberga la administración central.
El presidente de Cruz Roja Motril precisó que el procedimiento siempre es el mismo. El Gobierno tiene convenios con oenegés que son las que acogen a estos inmigrantes después de que se cumplan las 72 horas que pueden pasar en el centro del puerto. O bien van a centros de internamiento. Esos segundos están cerrados ahora y las organizaciones tienen menos plazas. De ahí la situación del domingo. Por su pare, el Defensor del Ciudadano consideró que no se puede permitir que Interior se desentendiera de estas personas
Suscríbete durante los 3 primeros meses por 1 €
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.