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La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo se reunió ayer en Madrid con la presidenta ejecutiva de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), María Rosa Cobo y con responsables del equipo financiero para abordar la exigencia de un aval de casi ocho millones de euros como garantía de pago para la ejecución del segundo tramo de las canalizaciones de Béznar-Rules. Durante la reunión, según explicó Maximino Prados, presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, los representantes de Acuaes explicaron a los regantes que este aval «es un requisito indispensable impuesto por el Ministerio de Hacienda». Ante esta situación, los regantes manifestaron su preocupación, ya que conseguir esa cantidad de dinero supone un «obstáculo importante» para poder continuar con el proyecto. «Intentaremos buscar una solución, aunque está complicado porque la comunidad de regantes no tiene bienes», detalló.
Además, explicó que si el proyecto sigue adelante con los requisitos actuales, los agricultores tendrían que asumir el pago de 13.000 euros anuales durante toda la duración de la obra y los años restantes, es decir, durante un total de 30 años. Según Prados, Acuaes se ha comprometido a intentar buscar una solución alternativa en caso de que los regantes no logren aportar el aval. Ahora, las distintas comunidades de regantes deberán reunirse y decidir qué pasos seguir para afrontar esta nueva «traba».
Según informaron, el objetivo de Acuaes es que las obras «se puedan licitar lo antes posible, una vez se haya aprobado el proyecto, lo que está previsto para el mes de mayo, y se firme el convenio que contempla una inversión de 55 millones de euros».
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, aseguró que se va a seguir trabajando en la financiación en los próximos encuentros. «Se está estudiando con los regantes del Bajo Guadalfeo el convenio y la fórmula para la financiación de las obras y estoy convencido de que fruto de la negociación por las dos partes se van a alcanzar soluciones buenas para los agricultores». Avanzó también que el tramo de las canalizaciones que está en obras alcanza ya el 60% de ejecución y confirmó que está previsto licitar un nuevo tramo en mayo.
El pasado mes de marzo, el Gobierno remitió el primer borrador del convenio de financiación para la ejecución del segundo tramo de las canalizaciones de Rules. En el documento se establecen las condiciones bajo las cuales se desarrollará la obra, cuyo presupuesto asciende a 80,3 millones de euros. En febrero, tras meses de incertidumbre, el Ejecutivo central y los regantes alcanzaron un acuerdo que permitía desbloquear el proyecto. El Gobierno se comprometió a adelantar los fondos para la ejecución de la obra, mientras que los regantes devolverían el dinero en un plazo de 30 años una vez finalizados los trabajos.
Sin embargo, el borrador del convenio ha incluido una cláusula que exige a los regantes aportar un aval bancario de 7.806.836 euros. Según el documento, este aval debe ser otorgado por una entidad financiera a favor de Acuaes y su importe equivale al de las dos primeras facturas que la sociedad estatal girará a los regantes. Además, tendrá carácter indefinido, es decir, deberá mantenerse en vigor hasta que Acuaes decida cancelarlo. El requisito generó «malestar» entre los agricultores, que aseguraron que en ningún momento se les informó de que tendrían que adelantar este dinero.
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