Almuñécar se libra de pagar 2 millones de euros a la antigua empresa de basuras

En las alegaciones que expone el abogado de la empresa se indica que se dejaron de contabilizar facturas del servicio de limpieza correspondientes al periodo entre julio de 2007 y agosto de 2008 «sin motivación» y por una posible duplicidad. Además, apunta que hay cuestiones que son ignoradas de forma continua en los informes de la intervención y que la empresa cumplió con la sentencia de 2016 pero que la liquidación «sigue siendo confusa».

Ante estas reclamaciones el Letrado de la Administración demandada, Rafael Revelles, expone en primer lugar que la demandante lleva tiempo realizando la misma petición «intentando omitir resoluciones judiciales firmes que le han denegado el pago de las mismas facturas que pretende en esta ejecución». Explica que la petición de pago de estas facturas a las que anuda intereses legales y a un aval ya fue denegada en diversos procesos judiciales. «La sentencia dictada en el recurso 883/2014 declaró que en la liquidación del contrato se debían tener en cuenta las sentencias firmes que afecten al presente contrato». Señala que en un escrito presentado el 27 septiembre 2018 se explicaba que las facturas que pide ahora en esta ejecución fueron desestimadas. Expone, asimismo, que la Administración ha cumplido la ejecución por cuanto ha dictado un acuerdo liquidando el contrato de limpieza y sobre los intereses indica que al entender que no cabe el pago de dichas facturas no puede exigirse el interés de las mismas.

Tras analizar las exposiciones de ambas partes, el Juzgado decide desestimar la reclamación de la empresa, si bien aún cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Hay que recordar que el conflicto entre esta empresa de limpieza y el Ayuntamiento de Almuñécar viene de largo. En el municipio todo el mundo recuerda la huelga de los 80 trabajadores del servicio en agosto de 2007. Aquel conflicto terminó con la rescisión de la concesión por parte del Consistorio, entonces gobernado por Juan Carlos Benavides, a la empresa 'El Mirlo', que respondió con una reclamación por la vía judicial. Diez años después, en agosto de 2017, el asunto, que aún coleaba en los juzgados, quedó zanjado y el Ayuntamiento sexitano salió indemne de un pleito en el que se le reclamaban trece millones de euros. La empresa justificaba entonces su reclamación en un supuesto agravio comparativo en relación con la posterior concesionaria y alegaba un incumplimiento de las condiciones contractuales. Sin embargo, los jueces no le dieron la razón.