Almuñécar tendrá que pagar más de 1,2 millones a la antigua empresa de basuras

Detrás de estas protestas residía un conflicto económico entre la empresa y el Ayuntamiento que no ha terminado de resolverse. El juzgado contencioso-administrativo número uno de Granada, en una sentencia en poder de este medio, estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa de limpieza y recogida de basuras –a raíz de la desestimación de la solicitud que formuló ante el Ayuntamiento de Almuñecar para liquidar definitivamente el contrato suscrito en 2005– que se anulaba por no ser ajustado a derecho, y se estima ahora en parte sus alegaciones, por lo que, para dar carpetazo definitivo al asunto, los tribunales fijan el importe de la liquidación del contrato en 1.178.204,43 millones de euros, condenando al Ayuntamiento a su pago, más intereses, si bien aún cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En 2020, 15 años después de que se firmara el contrato, la empresa reclamaba al juzgado que desestimaran la liquidación practicada por el Ayuntamiento porque, a su juicio, no se habían seguido las directrices de una sentencia dictada con anterioridad.

Sin embargo, los tribunales fallaron entonces a favor del consistorio sexitano que ya se había librado por vía judicial en 2014 de pagar a la empresa 10 millones de euros. En 2017, el Ayuntamiento sexitano salió indemne de un pleito en el que se le reclamaban trece millones de euros. La empresa justificaba entonces su reclamación en un supuesto agravio comparativo en relación con la posterior concesionaria y alegaba un incumplimiento de las condiciones contractuales. Sin embargo, los jueces no le dieron la razón.

Para entender el origen de este conflicto hay que remontarse casi 20 años atrás. A finales de 2005, tras la firma de un acuerdo que equiparaba los sueldos de los trabajadores de El Mirlo al convenio provincial, el Ayuntamiento sexitano se comprometió a ayudar a la empresa a pagar el incremento en las nóminas y a mantener el equilibrio financiero, pues cuando pactaron la adjudicación del servicio no contaban con el gasto extra de subir los salarios.

Tres años después y tras huelgas por impagos por parte de la empresa a los trabajadores, a finales de 2008, el Ayuntamiento y El Mirlo seguían sin ponerse de acuerdo en la cantidad que tenía que abonar el Ayuntamiento por el aumento del coste del servicio. La empresa decía que el gobierno de Juan Carlos Benavides, con quien se suscribió el contrato, tenía que pagarle tres millones de euros más y por la otra parte se aseguraba que no se debían más de mil euros porque ya se habían pagado 500.000 y rebajado costes en el servicio por valor de otro medio millón adicional. Con los tira y afloja entre las dos partes, la empresa se terminó yendo por voluntad propia e inició el procedimiento judicial para reclamar la cantidad que consideraba que Almuñécar le debía.