Cruce de competencias y acusaciones por la escollera de Velilla

El consistorio solicitaba al Gobierno de España con frecuencia un millón de euros para reparar su costa y el rompeolas. En abril de este año esa lucha llegaba a su fin. La maquinaria contratada por el municipio comenzó a arreglar la defensa, entre críticas continuadas y públicas del equipo de gobierno local por una supuesta década de inacción por parte del Estado. Las obras han finalizado esta semana, pero la polémica continúa. En la pugna por dirimir responsabilidades, el Gobierno, que ya se había pronunciado por lo menos hace tres años, dice que la escollera definitivamente es competencia del Ayuntamiento. Sin embargo, el equipo de gobierno local sigue en sus trece y apunta que solo sería suyo el camino que pasa a espaldas del parque acuático. Lo único que queda claro como el agua de Velilla es que se debería haber actuado antes en la zona.

La Costa está tan acostumbrada al agravio y a la falta de remedios para sus playas que era fácil creer que aquel amasijo de rocas desparramadas sobre el mar de Velilla eran competencia de Costas. A finales de los 80, el Gobierno 'traspasó' los terrenos al municipio. Poco después se construyó el parque acuático. En 2021, tras una misiva del consistorio en la que se exigía nuevamente la reparación de la escollera, el Ministerio de Transición Ecológica recordaba que «esta infraestructura se considera parte del espacio concedido administrativamente a la localidad».

El Gobierno de España insistía en el escrito, en poder de este medio, que así se había informado «en numerosas ocasiones anteriores» y que la reparación de la escollera y del camino que discurre a espaldas del Aquatropic «es competencia del titular de la concesión, es decir del Ayuntamiento de Almuñécar». Tras recibir un nuevo escrito del Ejecutivo, la Junta de Gobierno local aprobó en abril de este 2024 actuar de «urgencia». En el acta de esa reunión consta que «se ha recibido informe del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en el cual se informa de la obligación como concesionaria de su arreglo». La concejalía de Playas demandaba entonces en ese escrito que se procediese rápidamente al arreglo para evitar un mayor deterioro por futuros temporales.

En el pleno mensual, los partidos políticos apoyaban la decisión. Por un valor de 48.000 euros, el 25 de abril comenzaron las obras. En la rueda de prensa de la presentación de los trabajos el alcalde, Juan José Ruiz Joya, lamentaba que el Gobierno no asumiera el arreglo.

Un día después, a preguntas de este medio, el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla Martos, negaba las acusaciones y manifestaba que la zona dependía del consistorio. La polémica se podría haber quedado en eso. Una Subdelegación del Gobierno discreta no ha respondido públicamente durante todos estos años a las acusaciones de inacción por parte de la administración local.

En la discreción a veces está la virtud. Por fin, después de una década deteriorada, la escollera de Velilla lucía como nueva esta semana. Y de nuevo el alcalde lamentaba la pasividad de un Gobierno que «obligaba» al Ayuntamiento a tomar cartas en el asunto y asumir competencias que no se consideran propias. «Solo el camino es nuestro», argumentaba.

El PSOE local, que tampoco se había pronunciado en esta polémica, no estaba dispuesto a dejar pasar el asunto por alto y ha apostillado que la escollera es competencia del municipio porque así lo ha dicho el gobierno y bajo esa premisa aprobaron las obras en el último pleno. «El alcalde ha contado una verdad a medias, intentando confundir a la población en una lamentable estrategia de confrontación con la administración central», han asegurado los socialistas en un comunicado. La agrupación local ha criticado que durante más de tres años el Ayuntamiento tuviera claro que la defensa era su competencia y no se haya actuado antes, agravando la situación de los empresarios que tienen sus negocios en Velilla.

La escollera dará más vueltas todavía. La marea aún no ha cesado. Los almuñequeros deberán decidir si es una polémica estéril, un error por un simple cruce de competencias o si es algo más serio y es un embuste intencionado de cualquiera de las administraciones.