El Defensor del Pueblo pide a Motril que agilice los trámites para proteger su patrimonio

Apenas se produjo la demolición del edificio centenario, el Ayuntamiento presentó a pleno de manera urgente el Plan de Protección del Centro de Motril, un documento que también contemplaba la espinosa cuestión de la peatonalización, que todavía a día de hoy permanece paralizado hasta que se alcance un consenso con vecinos y afectados. Lo que sí se consiguió aprobar fue la pata relativa a la protección de edificios históricos, lo que dio al Ayuntamiento de Motril un margen de un año para preparar y aprobar el plan definitivo mientras se aseguró que ningún edificio histórico se derrumbe en ese plazo.

Precisamente éste ha sido el argumento presentado ante el Defensor del Pueblo, al que también el Ayuntamiento alegó la dificultad normativa para impedir estas demoliciones, al ser edificios de titularidad privada que no se recogían en un catálogo patrimonial para protegerse. Sin embargo, esta medida cautelar no ha resultado suficiente para el organismo autonómico, que «sugiere» al Ayuntamiento que agilice los trámites para aprobar un plan definitivo.

La petición, según fuentes del Defensor del Pueblo, tendrá que ser respondida en un plazo máximo de tres meses. Hasta entonces, irán contactando con el Consistorio para ver la evolución de este expediente, que se remitió oficialmente al Ayuntamiento el pasado 27 de julio. El organismo explica que lo que se ha enviado es una «sugerencia», un escrito de carácter más leve que las recomendaciones, pero que igualmente será registrada en el informe anual que elaboran. Este documento, según explican, se elevará al Parlamento y los distintos grupos políticos tendrán la oportunidad de presentar -si lo consideran oportuno- iniciativas o preguntas para debatir el tema en el órgano autonómico.

A pesar de que la sugerencia tiene ese carácter más leve, el Ayuntamiento de Motril no se ha librado del tirón de orejas del Defensor, que recrimina en su escrito la falta de leyes dentro del ámbito de la protección patrimonial. Una queja de la que no se libra ninguna corporación, ya que, según figura en el escrito, «desde hace 37 años no se han logrado establecer medidas singulares de protección». «La valoración concluyente que provoca el asunto en cuestión es la lamentable reiteración de supuestos de pérdida de un caserío que primero se abandona y luego se demuele sobre el débil argumento de lo inevitable. La crónica de la desaparición (...) es una paradoja de excusas de sucesivas autoridades que se autoexcluyen de adoptar soluciones que se inserten en sus propias consecuencias». Esta valoración final del escrito del Defensor del Pueblo resume la argumentación del órgano, que acusa al Ayuntamiento de esperar hasta mayo de 2017 para adoptar medidas de protección.

El escrito finaliza con esa sugerencia final para que el Ayuntamiento de Motril agilice los trámites que saquen adelante un plan de protección definitivo. Un plan del que aún se desconocen fechas de presentación y que tendrá que ser aprobado en pleno.