La Diputación denuncia que la Junta deja sin fondos un programa de ayuda a inmigrantes

Su alcaldesa, María José Sánchez, deja claro que el servicio se seguirá prestando a los ciudadanos, porque es imprescindible, pero apunta que el hecho de que la administración andaluza quite fondos hará que el Consistorio tenga que cogerlos de unas arcas municipales que ya no dan más de sí. «Este servicio es clave para mejorar la convivencia», aseveró la alcaldesa.

La vicepresidenta tercera de la Diputación y diputada provincial de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, dijo ayer que setos recortes del Gobierno andaluz «impiden» a las entidades locales desarrollar programas dirigidos a los sectores más vulnerables de la población.

Precisó que estas subvenciones permitían a la Diputación de Granada y a los ayuntamientos desarrollar un programa de refuerzo de los Servicios Sociales comunitarios para la intervención e integración social de la población inmigrante.

Desde hace años, el citado programa «ha estado cofinanciado por la Junta de Andalucía, a través de las convocatorias anuales de subvenciones», pero en esta ocasión, la Administración autonómica ha suprimido las ayudas. Apunta que no se trataba de grandes cantidades. En 2018, la Diputación solicitó más de 90.200 euros para desarrollar ese programa, pero la administración dio 19.280 euros. En 2019, la cantidad aportada por la administración andaluza fue similar (18.300 euros). «Este año, en la orden reguladora de subvenciones del pasado 30 de agosto, la partida destinada a programas se queda en cero euros y los únicos fondos que destina el Gobierno andaluz para personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias asciende a 50.000 euros para equipamiento», precisa. «El programa que el Gobierno andaluz se ha negado a financiar este año tiene como objetivo reforzar el equipo de intervención social de la red de Servicios Sociales Comunitarios en el Centro de la Costa por tratarse de la zona que aglutina más población inmigrante», afirmó.

Este programa incluye acciones de asistencia social y jurídica, reagrupación familiar, empadronamiento normalizado y por omisión; acciones encaminadas al arraigo social y laboral y otras actuaciones dirigidas a lograr la plena escolarización de los hijos de los inmigrantes. «En definitiva, se trata de un programa dirigido a la prevención de situaciones de exclusión social y pobreza y a fomentar los valores de cooperación, solidaridad, democracia y actitudes tolerantes», dijo De la Rosa.