Una red humana frente al mar

La madrugada del 15 de mayo llegaron al puerto de Motril 65 inmigrantes que habían sido rescatados por Salvamento Marítimo cuando viajaban a bordo de cinco pateras. Ese domingo a las once de la noche un grupo de 17 de estas personas fue puesto en la calle tras pasar 72 horas en el Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE). El Gobierno no había conseguido a ninguna oenegé que se hiciera cargo de ellos. El Ayuntamiento de Motril decía que no era competente y no tenía espacio y los envió en autobús a Granada. La Subdelegación se limitó a contactar de nuevo con oenegés. Y finalmente, los Servicios Sociales del consistorio granadino les dieron un techo, de madrugada, para pasar una noche. Al día siguiente, dos oenegés se hicieron cargo de ellos.

El papel de estas organizaciones fue clave en este caso, como lo es cada vez que un grupo de inmigrantes es rescatado. Estas entidades cubren en muchas ocasiones huecos a los que las administraciones no llegan. También las hay que a través de convenios con el Gobierno prestan un servicio público.

Cuando los inmigrantes llegan al puerto se encuentra con voluntarios y personal de Cruz Roja. Son los que se encargan de realizar el primer triaje. De darles ropa y de identificarlos. El presidente de Cruz Roja en Motril, Gerardo Esteva, explica que ellos son la organización humanitaria que da la primera atención. Los examinan, deciden si hay que derivar a alguno al hospital y les ofrecen espacio para asearse antes de que pasen a dependencias policiales para la afiliación. Podrán permanecer un máximo de 72 horas retenidos y después se abren dos opciones: que sean puestos en manos de alguna de las oenegés con las que hay convenio o que pasen a un CIE.

Cruz Roja Motril es una de estas entidades que realiza labores de acogida humanitaria. Cuenta con 40 plazas en la ciudad para mujeres. Los traslados se realizan según la necesidad. Es decir, no tienen por qué ser personas que hayan llegado a Motril, pueden venir desde otro punto. Normalmente permanecen un máximo de dos meses, aunque al ser personas que tienen derecho de libre circulación pueden marcharse cuando quieran. En muchas ocasiones llegan a España con redes sociales previas, es decir, amigos o familiares que los están esperando. Ese programa de acogida está subvencionado por el Estado. La financiación es pública. Es un servicio que la administración da a través de esta y otras organizaciones. En Granada hay unas 200 plazas.

Pero al margen de la acogida, hay muchas otras entidades, más pequeñas que Cruz Roja, cuyo papel es clave. Es el caso de Emergencia Frontera Sur, Motril Acoge y Bait Amistad. Luis Campos y Toñi Franco de Frontera Sur explican que su labor empieza incluso antes de que los inmigrantes hayan llegado a Motril. En muchas ocasiones, familiares de las personas que van a bordo de las pateras avisan de que llevan varios días sin saber de ellos. Dan entonces aviso a Salvamento Marítimo o se ponen en contacto con Amnistía Internacional, siempre y cuando la embarcación esté en aguas españolas. Una vez que saben que vienen al puerto de Motril se acercan para comprobar en qué situación se encuentran. Con ellos colaboran también Carmen Cano y Juan Manuel Ruiz de Motril Acoge y Antonio Barrera, que además de formar parte de Frontera Sur, también defiende los derechos de los inmigrantes que trabajan en el campo.

Son entidades con muy pocos recursos. Motril Acoge tiene una pequeña sede en la que da talleres de español. El resto no tiene infraestructura física. Actúan en dos líneas. Por un lado denuncian cuando consideran que se están violando derechos fundamentales e informan a los inmigrantes, contando con la ayuda de intérpretes como Abdeslam Ghouzouza o Omar Bouchafra. Por otro lado, cuando se dan situaciones de inmigrantes que se quedan sin ninguna cobertura, se encargan de buscar soluciones. Es decir, trabajan para que ninguna persona se quede tirada en la calle sin recursos.

En alguna ocasión incluso se los han llevado a sus propias casas a la espera de que algún familiar o amigo viniera a buscarlos. En otras han pedido colaboración al Ayuntamiento para que les cediera espacios en los que estas personas pudiera pasar al menos una noche hasta que consiguieran solucionar su situación. No suelen tardar más de 24 horas en dar con alguna entidad que les dé una primera acogida. El albergue de Jesús Abandonado o alguna parroquia se han transformado también en un techo para que estos inmigrantes pudieran dormir.

Al contar con pocos recursos económicos, más allá de la ayuda de particulares, o de la cesión de algún espacio, piden al consistorio un protocolo y un lugar con duchas y conexión Wifi para que situaciones como la del domingo pasado no vuelvan a repetirse. Un espacio de emergencia para dar una primera acogida en el caso de que en las 72 horas que permanecen en el CATElos inmigrantes, no dé tiempo que ninguna oenegé con sistema de acogida se haga cargo de ellos.

Son el último eslabón de la cadena. Trabajan en red. Y afirman que los único que les mueve es la convicción de que ninguna persona es ilegal y de que los derechos humanos son iguales para todos independientemente de dónde hayamos nacido o de por qué vía hayamos llegado a un país que no es el nuestro. Su principal satisfacción es el agradecimiento eterno de aquellas personas a las que consiguen ayudar, con las que intentan seguir en contacto.

Sus organizaciones son frágiles, pero su voluntad es firme. Y suplen la falta de recursos con ganas y con un convencimiento total de que hacen lo que tienen que hacer. En 2018 llegaron a darle esta primera acogida a 300 personas y en 2019 a cerca de 200.

Estas entidades motrileñas tienen conexiones con otras organizaciones que están en la capital y también en otras provincias como Málaga y Almería. Cuando el Ayuntamiento de Motril puso a los 17 argelinos en un autobús rumbo a la capital, contactaron con Apdha (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía). Natalia García es su secretaria general en Granada. Su entidad trabaja en defensa de los derechos de las personas inmigrantes. Ella misma estaba en la puerta de la Subdelegación esperando la llegada de los inmigrantes desde el puerto y junto con otras entidades logró encontrarles un espacio para dormir.

La delegación de Apdha en Granada es pequeña. Tienen un local, en el que ese mes darán de baja internet y el teléfono porque no pueden pagarlo. Son voluntarios. Y a veces, a través de programas específicos consiguen financiación pública. Además de la atención directa a inmigrantes, hacen informes para denunciar realidades generales. García asegura que la clave es la red que tienen establecida con otras organizaciones que llegan a donde ellos no pueden. «Nuestro objetivo es que las administraciones actúen», asevera.

Una de esas entidades con la que colaboran es Granada Acoge. Sylvia Koniecky es la directora de una organización que funciona desde los años ochenta. Cuentan con unos setenta voluntarios y 18 trabajadores. Realizan programas de atención a inmigrantes, pero también de integración social. Cuentan con un sistema de acogida, pero sólo para personas que piden asilo. Tienen 22 plazas en cuatro pisos. Este servicio, al igual que el de la acogida humanitaria, lo subvenciona en Estado. Se financian a través de ayudas públicas, pero también de aportaciones privadas. La directora señala que es importante salvar vidas, pero también seguir cubriendo necesidades después. Reitera que llegan a donde no lo hace la administración.

Pablo Simón es miembro de Médicos del Mundo que también participa en el circuito de ayuda a inmigrantes y personas vulnerables. Para ellos son imprescindibles los recursos de la organización a nivel estatal. Sólo tienen voluntarios. Cuando en Granada existía el protocolo de atención a inmigrantes se encargaban de activar una nodo sanitario para hacer valoración de la situación.

Estas son algunas de las entidades que participan en un proceso complicado. Hay muchas más. Algunas cuentan con una estructura amplia y recursos públicos. Otras son apenas un grupo de personas a los que les une la idea de trabajar por los derechos humanos.

Muchos son la primera mano amiga que se encuentran unos inmigrantes que llegan a nuestro país huyendo de realidades muy complejas, que se enfrentan cara a cara con la muerte en el mar y cuyo periplo solo acaba de iniciarse al pisar tierra. Su cobertura es imprescindible, pero piden más implicación de las administraciones y otras políticas migratorias.