Inquietud por las expropiaciones del segundo tramo de Rules, que aún no tiene financiación

El segundo tramo del sistema de canalizaciones, gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica, cuenta con un presupuesto inicial de 80,3 millones de euros. Su objetivo principal es conectar los sistemas de riego de las cotas 200 y 400 mediante una red de trece puntos de entrega y diez ramales secundarios, lo que permitiría abastecer de agua de manera «eficiente» a los municipios de costeros de Motril, Almuñécar y Salobreña.

Sin embargo, aunque el proyecto contempla las expropiaciones necesarias que incluyen 25,55 hectáreas de terrenos, 21,12 hectáreas sujetas a servidumbre y 53,89 hectáreas de ocupación temporal, con un coste estimado de 3.068.691,18 euros, no existe un plan de financiación definido para llevarlas a cabo. Esta situación pone en «peligro» el inicio de las obras de un tramo considerado «esencial» para combatir la sequía y frenar la salinización de los pozos.

Malestar entre los agricultores

Maxi Prados, presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, denuncia la falta de avances por parte de las administraciones.

Según Prados, el secretario de estado Hugo Morán prometió resolver la financiación de este tramo antes de diciembre, pero hasta ahora no se ha concretado nada. Ante esta situación, los regantes preparan una gran manifestación para exigir que «se prioricen y se doten de financiación estas obras», que se quedaron sin ella como consecuencia de los retrasos que se acumularon en su tramitación administrativa.

«Llevamos 20 años luchando por las canalizaciones. Es una infraestructura vital para nosotros, y no podemos seguir esperando mientras nuestros cultivos se secan y nuestros pozos pierden calidad por la salinización», agregó. Como medida de «presión», también se plantean solicitar una carencia en los compromisos económicos que deberán asumir hasta que las obras estén completadas.

El alcalde de Molvízar, Fermín García, se ha sumado a las críticas. «El proyecto de este desglosado se encuentra actualmente en exposición pública y estamos a la espera de que se apruebe. Los datos actuales sobre las expropiaciones son genéricos, aún no se han individualizado las cuantías ni otros aspectos administrativos», explica García.

Además, García insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo entre el Gobierno, la Junta y las comunidades de regantes antes de que el proyecto sea aprobado. «Es esencial definir cómo se financiará la obra. Los regantes deben estar incluidos en las comisiones técnicas y de seguimiento, porque serán los usuarios quienes asuman parte de los costes», señala mientras espera, al igual que otros agricultores, a que se tomen medidas.