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Los propietarios de la urbanización herradureña Cármenes del Mar siguen atrapados en la misma ruina y su problema parece alejarse cada vez más de la solución. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoce la incapacidad del Ayuntamiento de Almuñécar de estabilizar la ladera ... del Pago de Cerro Gordo, conocida irónicamente por los lugareños como 'montaña andante'. Las obras para frenar los derrumbes de esta promoción de viviendas se han estimado en cerca de 60 millones, una cantidad inasumible para la administración pública.
Los residentes acumulan más de 20 años de lucha por tener un hogar seguro. El promotor levantó a principios de los 90 unas 415 viviendas en esta ladera inestable que sufre desprendimientos continuos. Para salvar el obstáculo de la inestabilidad del terreno, los constructores presentaron un informe pericial que aseguraba que se arreglaría la ladera mientras se construía.
1988. La promotora adquiere los terrenos en Cerro Gordo
2005. Cinco años después de estar habitadas, las casas tienen graves daños y algunas se derrumban
2020. Almuñécar es condenada de forma subsidiaria al arreglo. Los promotores no respondieron en otro proceso.
2024. Los daños se extienden a otras zonas. El arreglo costará más de 50 millones
Ese proyecto se empezó a ejecutar en el 2007 con todas las casas ya en pie y se abandonó solo con el 10% terminado. No era siquiera el suelo idóneo para levantar esta macrourbanización, integrada por cinco conjuntos residenciales diferenciados, pero quienes gobernaban entonces el Ayuntamiento sexitano dieron su beneplácito e impulsaron, a través de un plan parcial, la conversión de este solar rústico en urbano. Como la tierra no estaba preparada para sostener las casas, algunas se derrumbaron pocos años después de construirlas.
Otras se tuvieron que desalojar, aunque a día de hoy hay quien habita todavía entre grietas porque no tiene donde ir. El Ayuntamiento dio licencia para las obras, la posterior estabilización de la ladera y había autorizado la ocupación de las viviendas sin haber recepcionado la urbanización –los técnicos municipales la rechazaron por sus defectos–.
Por estas razones, en 2020 el TSJA condenó de forma subsidiaria al consistorio a reparar Cármenes del Mar en sustitución del promotor, que durante un proceso judicial paralelo se declaró en quiebra y entró en concurso de acreedores.
Sin embargo, el tribunal da ahora la razón a Almuñécar. En un auto en poder de este medio la sala acuerda declarar «la imposibilidad técnica» de ejecutar esa sentencia condenatoria. El TSJA señala que «la cuantía previsible para acometer las obras de contención afectaría enormemente las arcas municipales y a la prestación de servicios públicos esenciales». El presupuesto anual de Almuñécar es unos 38,6 millones de euros.
Los informes emitidos en la actualidad por el Ayuntamiento y los vecinos evidencian que el proyecto inicial «resulta ya inútil». En 2007, la promotora estimó que el arreglo con 52 pilotes de la ladera costaría 3,6 millones. Calzar la montaña ahora con una obra faraónica se dispara por encima de los 50 millones y en ese presupuesto no se incluye la reparación de las viviendas, la reconstrucción de toda la red viaria, alumbrado, alcantarillado, colectores... Habría que empezar de cero la urbanización y ni siquiera con las obras de estabilización hay garantías de «asegurar la supervivencia de la urbanización».
Eso sí, la Justicia propone medidas compensatorias al Ayuntamiento por la inejecución de esa sentencia condenatoria. Entre esas medidas valora la cesión por parte del municipio de otros suelos para la construcción de nuevas viviendas. «Se trataría de una de las medidas factibles pero a adoptar una vez sea firme la declaración de imposibilidad de ejecución», apunta el TSJA. Además, mientras se resuelve el conflicto, el Ayuntamiento debe continuar las labores de mantenimiento y seguridad necesarias en la urbanización y la ejecución del acceso alternativo, ya que la entrada actual de la urbanización está en riesgo de colapso.
Almuñécar monitorea de forma continua el estado de Cármenes del Mar con inclinómetros que miden los deslizamientos. De hecho, hay una decena de viviendas más que se sopesa desalojar.
Ante este auto, que no es firme, los demandantes pueden poner un recurso de reposición. Las esperanzas de los vecinos se concentran en un proceso paralelo que han iniciado en el que reclaman la póliza de seguros de una empresa que participó en la construcción. En febrero el Ayuntamiento inició el proceso para la declaración de zona de emergencia, un cauce ya explorado antes sin resultados que de prosperar podría traducirse en ayudas económicas para estos vecinos desesperados.
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