Montilla asegura que la tasación de terrenos por las obras de Rules responde a «baremos preestablecidos»

Ante esta situación, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha salido en defensa de la legalidad y la transparencia del procedimiento de expropiación, enfatizando que los precios ofrecidos no son una decisión política, sino el resultado de un proceso técnico y jurídico. Montilla ha declarado que «el justiprecio de una expropiación es una decisión que se toma en base a unos baremos preexistentes y objetivos, no es algo que dependa de los responsables políticos».

Según el subdelegado, los valores fijados para las tierras afectadas por el trazado de las canalizaciones cumplen con los criterios establecidos en las normativas vigentes y, en caso de disconformidad, los propietarios pueden acudir a la Junta Provincial de Expropiación para solicitar una revisión. De esta forma, destacó que existen mecanismos claros para que los afectados puedan recurrir si consideran que sus tierras han sido valoradas por debajo de su precio justo.

Según Montilla, la valoración de las tierras no es arbitraria, sino que responde a criterios objetivos que se aplican de manera uniforme en todos los procesos de expropiación similares

La indignación de los agricultores se ha centrado principalmente en la drástica reducción del valor de las parcelas en comparación con expropiaciones anteriores. Según denuncian, en algunos casos las ofertas por metro cuadrado han llegado a ser hasta un 80% inferiores a las realizadas durante la construcción de la autovía A-7, cuando se llegaron a pagar hasta 60 euros por metro cuadrado. Sin embargo, las ofertas actuales oscilan entre los 4 y 12 euros, lo que, según los agricultores, no refleja el verdadero valor de mercado de sus tierras ni compensa los daños adicionales sufridos por las obras.

Los afectados han presentado numerosas alegaciones, argumentando que los precios ofrecidos están muy por debajo de lo que consideran un valor justo para terrenos que, en muchos casos, representan su principal fuente de sustento. Además, denuncian que las obras de canalización han dejado inutilizadas vastas extensiones de terreno, dificultando la irrigación y, en algunos casos, provocando inundaciones recurrentes que afectan la capacidad de producción de las fincas.

La situación ha llegado a tal punto que el Ayuntamiento de Salobreña ha aprobado por unanimidad una moción institucional en la que se insta al Ministerio de Transición Ecológica, a la empresa pública Acuaes (responsable de las obras de canalización) y a una consultora interviniente a renegociar un «acuerdo digno» con los propietarios afectados. El alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha defendido la moción, señalando que el objetivo no es paralizar las obras, sino garantizar que los agricultores reciban una compensación justa que tenga en cuenta el verdadero valor de sus tierras y los perjuicios que han sufrido.

«Estamos hablando de una infraestructura vital para el litoral granadino, pero eso no justifica que se cometan injusticias con los propietarios de las tierras afectadas. No se puede permitir que estas personas, que no se oponen al proyecto, sean tratadas de manera tan injusta», ha subrayado Ortega. Según el alcalde, los terrenos afectados no solo han perdido su valor comercial, sino que además han quedado en muchos casos inutilizados debido a la imposibilidad de regarlos o al riesgo de inundación.