Motril pide a Subdelegación que le ceda un espacio para la acogida de emergencia de inmigrantes

La subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, explicó ayer que en el caso del edificio de la comisaría está pendiente de la firma de un convenio entre el propio Ayuntamiento de Motril y Patrimonio. Una vez que se rubrique, algo que la alcaldesa se ha comprometido a impulsar, López Calahorro entiende que no habrá ningún problema en que la administración local haga uso de él. Para las otras instalaciones, dependientes de la Secretaría de Seguridad Social, las gestiones serían más complicadas

Además, según apuntaron desde el Ayuntamiento motrileño, la Subdelegación también se comprometió a dar aviso con tiempo al consistorio cuando se produzca la llegada de una patera o cuando ocurra como con el grupo de argelinos y no se encuentre acogida. La idea es que tengan la información con tiempo suficiente para movilizar los recursos necesarios y activar el protocolo de actuación. Hay que recordar que una de las quejas del gobierno local en el caso de los argelinos fue, precisamente, que les comunicaron a las ocho de la tarde que tres horas después este grupo de personas se quedaría en la calle. Tanto la alcaldesa, Luisa García Chamorro, como la concejal de Servicios Sociales, Inmaculada Torres, afirmaron entonces que con tan poco tiempo y en una situación como la actual, en estado de alarma por una crisis sanitaria, era imposible conseguir recursos para dar acogida a estas personas.

La solución aquel domingo fue subir a los migrantes en un autobús y enviarlos a Granada, a la puerta de la Subdelegación del Gobierno, al considerar que eran ellos los que tenían que hacerse cargo. Ese grupo de inmigrantes, parte de otro más grande de 65 personas, no había conseguido alojamiento con ninguna oenegé y se quedaban en la calle teniendo, además, que pasar una cuarentena de dos semanas. Finalmente fue el Ayuntamiento de Granada el que les dio techo por una noche en unas instalaciones deportivas de la ciudad, aunque al día siguiente dejó claro que tenía que ser la Subdelegación la que solventara el problema.

Tras este hecho, el consistorio motrileño remitió dos escritos a la Subdelegación, uno el 28 de mayo y otro el 2 de junio. En el primero, se solicitaba a López Calahorro la elaboración de un protocolo de acción que marque las directrices de actuación del municipio en esta materia. Reiteraba, asimismo, la petición de que la administración central a la que considera competente en la materia seleccionara un inmueble de propiedad estatal en Motril para que en «el menor espacio de tiempo posible» se utilizase como centro de acogida para inmigrantes en tránsito «dada la dificultad del municipio de disponer de un espacio adecuado para ello».

En el segundo escrito, el del 2 de junio, reiteraba la petición de la cesión de un inmueble y se indicaba que el Ayuntamiento de Motril dispone de un marco normativo de colaboración y cooperación y que tiene la «firme voluntad» de atender una problemática que afecta a miles de inmigrantes y a los propios motrileños. «Dar respuesta a todo ello exige la puesta a disposición de nuestro municipio de un inmueble que, a criterio de los técnicos de tu departamento, reúna las condiciones necesarias que nos permitan, en el futuro, llevar a cabo la atención y el acogimiento temporal de inmigrantes como solución definitiva a estas situaciones de emergencia humanitaria».

No es la primera vez que un grupo de inmigrantes se quedaba en la calle tras las 72 horas de custodia policial. La oenegé Emergencia Frontera Sur atendió en 2018 a unas 300 personas en esta situación y el año pasado a unas 200. La entidad motrileña tiene voluntad pero no cuenta con ningún espacio, por lo que cuando los ha acogido ha sido o bien porque el Ayuntamiento de Motril les ha cedido alguna dependencia, o porque han podido darles una cama en sus propias casas. Ellos ya pedían al consistorio que les dé un espacio.