Denuncian a la perrera de Motril: «Los perros entran sanos y salen muertos o enfermos»

Según indica la asociación en el escrito presentado ante el Juzgado de Motril, son varias las deficiencias que se dan en las instalaciones, que pasan por la insuficiencia de personal o su «falta de formación». SOS Calahonda Granada afirma que ni siquiera existe un control de los perros que entran, los que se sacrifican o los que mueren, ya que a muchos no se les coloca el microchip que exige la ley para tener un control.

Y las quejas no acaban aquí. Según señaló la presidenta del colectivo, Sara Rodríguez, que ha sido la encargada de presentar la denuncia, en sus visitas han encontrado decenas de irregularidades en las instalaciones, donde a los perros se les da «comida acartonada» mientras se contagian unos a otros las enfermedades que traen de la calle o que contraen en el propio albergue. «Los perros entran sanos y salen muertos o enfermos», lamenta. Además, según apunta, tampoco se respetan los horarios de apertura.

«Los perros le ladran a la comida porque es malísima y cuando nosotros llevamos se pelean por ella. Están muertos de hambre», aseguró a este periódico la presidenta de la asociación. Además, según especifica, «no existe una atención veterinaria suficiente, un lugar de cuarentena adecuado y ni siquiera utilizan un protocolo de desinfección de forma regular», según reza en la denuncia. «Nos hemos encontrado perros oliendo a lejía, heridos y enfermos», afirma Sara, que cuenta que la suciedad es la tónica dominante en el recinto a excepción de los días que va el veterinario a hacer sus rondas.

Los sacrificios de animales es otra de las grandes quejas de este colectivo. Rodríguez subraya en su denuncia que los perros se eutanasia sin control alguno y que sospechan que esta práctica –que sólo puede llevar a cabo un veterinario– también la desempeñan los trabajadores del albergue porque han encontrado material destinado a este fin en las instalaciones.

«Hemos pedido varias veces los informes sobre los sacrificios para saber por qué se les mata y para saber si cumplen con los plazos que exige la ley, pero no quieren darlo a ninguna asociación», sostiene Rodríguez, que siente que el Ayuntamiento está engañando a la población al llamar al recinto ‘albergue’ y no ‘perrera’. «La diferencia es que en un albergue no se mata a los animales y aquí sí se hace», defiende.

Sara explica que una de las consecuencias de esta situación es que no pueden trasladar a los perros, a los que tampoco se puede adoptar al presentar enfermedades. Este último punto también se recoge en la denuncia, donde se especifica que existen «numerosas quejas de particulares por haber pagado tasas y haber adoptado en el albergue un animal enfermo que se muere a las pocas semanas (...) Tenemos pruebas de que también se han dado perros en acogida sin identificación alguna, tal y como la ley exige».

El Ayuntamiento de Motril, por su parte, defiende la labor de la empresa que, según el concejal de Salud y Consumo, David Martín, cumple con el pliego de condiciones del Ayuntamiento para gestionar el albergue municipal. «Allí no hay ningún tipo de problema, pero si esa protectora entiende que sí, tendrá que ser la justicia quien lo determine», afirmó ayer el edil.

Manuel Bueno, director general de Athisa, la empresa en cuestión, aseguró ayer a este periódico estar «tranquilo y a disposición de las autoridades» que, según indicó ya han realizado las inspecciones pertinentes en el recinto. «Una vez se cierre el procedimiento, estudiaremos con nuestros servicios jurídicos el plan a seguir para defender el honor de la empresa y nuestros trabajadores», afirmó el director, que aseguró cumplir a raja tabla la normativa.

Pero la polémica no queda ahí. Según aseguró Sara Rodríguez, la tensa situación que ya existía entre su asociación y los trabajadores del albergue estalló cuando tuvo que presentarse en el recinto con la Policía Local cuando detectó un posible caso de maltrato animal el pasado 6 de junio. Desde entonces, según aseguró, se le ha negado la entrada al albergue. Esto hace «aún más complicado hacer fotos para difundir a los animales y pedir ayuda a particulares, protectoras españolas o extranjeras para su retirada», señala.

David Martín, concejal de Salud y Consumo, asegura que su área no le ha restringido el acceso, pero «si hay una denuncia por medio... no sé las acciones que va a llevar a cabo la empresa», afirmó ayer, a la par que defendió la labor de su concejalía al contar con todas las asociaciones en lo relativo al trato animal.

Sara Rodríguez, por su parte, no quiere ni oír hablar de la concejalía, a la que acusa de marginar a las asociaciones de animales en sus iniciativas. Sin ir más lejos, Rodríguez criticó el acto del pasado jueves en el que Salud convocó a los medios para lanzar una campaña de adopción animal. «El concejal hizo alusión a la colaboración que existe entre el Ayuntamiento y las asociaciones, cosa que no es verdad», afirmó. «Para ese acto, por ejemplo, no contó con ninguno de nosotros», aseguró.

Así las cosas, la asociación afirma sentirse fuerte para «sacar a la luz todo lo que está pasando en el albergue». «Quieren asustarnos para mantenernos en silencio, pero no lo van a conseguir. Nos han amenazado, pero no tenemos miedo».