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M. J. Arrebola
Martes, 10 de septiembre 2024, 00:30
En los últimos meses, el malestar ha crecido entre los agricultores de Salobreña, Molvízar y Vélez de Benaudalla, debido a los daños colaterales derivados de ... las canalizaciones Béznar-Rules. Las obras que afectan a más de 400 parcelas y 33 hectáreas, han generado preocupaciones entre los propietarios de las fincas, quienes reclaman una compensación justa por las expropiaciones forzosas llevadas a cabo por el Gobierno.
El Partido Popular, en una moción presentada durante pleno extraordinario del Ayuntamiento de Salobreña, ha instado al Ministerio de Transición Ecológica, a la empresa pública Acuaes y a una consultora interviniente a negociar un «acuerdo digno» con los propietarios afectados.
El malestar de los agricultores radica, principalmente, en la drástica reducción del valor ofrecido por las parcelas expropiadas. La concejal del PP, María del Carmen Vílchez destaca que los dueños de las fincas están recibiendo hasta un 80% menos por sus terrenos en comparación con las expropiaciones realizadas para la construcción de la autovía A-7, cuando se pagaron hasta 60 euros por metro cuadrado.
En esta ocasión, la media ofrecida ronda los 12 euros, llegando incluso a 4 euros en algunos casos. Esto ha motivado a los agricultores a presentar alegaciones, considerando que los precios están muy por debajo del valor real de mercado.
Dicha propuesta respaldada unánimemente por todos los grupos municipales, se convierte en una declaración institucional, por ello el Ayuntamiento de Salobreña ya ha solicitado formalmente al Ministerio de Transición Ecológica la apertura de un proceso de renegociación con los propietarios de las fincas, para establecer una compensación que tenga en cuenta el verdadero valor de sus tierras y los daños sufridos por las obras
Desde el PP destacan que uno de los aspectos más preocupantes que han señalado los afectados es la falta de garantías en el proceso de expropiación. Según los abogados y asesores jurídicos que han consultado, los agricultores no fueron informados adecuadamente, y en muchos casos, las convocatorias para firmar las actas de ocupación se realizaron sin la suficiente antelación, lo que limitó su capacidad de reacción. En algunos casos, ni siquiera se habían delimitado con precisión las áreas afectadas por las obras cuando se solicitó la firma de los propietarios.
Además, insisten en que el procedimiento ha sido «poco transparente», ya que los afectados no recibieron la información necesaria para entender los criterios de valoración de sus tierras. La oferta de Acuaes no contempla los costos que los agricultores deberán afrontar para devolver sus fincas a su estado original ni el lucro cesante derivado de la imposibilidad de volver a plantar en las áreas afectadas por las tuberías o el paso de las máquinas.
El alcalde de Salobreña, Javier Ortega, enfatiza en la importancia de esta moción institucional, que busca renegociar los precios de las expropiaciones con el objetivo de corregir lo que considera una «injusticia». Ortega recuerda que, además de los bajos precios ofrecidos, los terrenos afectados por las obras quedan inutilizados, no pueden ser regados y, en muchos casos, se inundan constantemente.
El PP asegura que su propuesta no busca obstaculizar las obras de las canalizaciones Béznar-Rules, una infraestructura vital para el litoral granadino, sino defender los derechos de los agricultores, quienes, a pesar de no oponerse a la ejecución del proyecto, exigen un trato justo por las pérdidas que están sufriendo en su patrimonio.
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