P.G-T.
Martes, 16 de marzo 2021, 00:19
La justicia da una vez más la razón a los vecinos de la urbanización de los Cármenes del Mar. El Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Almuñécar contra la decisión de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior ... de Justicia de Andalucía (TSJA) que le obligaba a hacerse cargo de forma subsidiaria de la reparación de las urbanizaciones afectadas por los deslizamientos de tierra en Cerro Gordo, a la vez que absolvía a la Junta. Después de más de 10 años de lucha, la sentencia será firme en un plazo de 20 días y los vecinos demandarán entonces su ejecución para poder dormir tranquilos de «una vez por todas».
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El abogado de dos de las siete urbanizaciones afectadas (Pueblo y Atarazanas), Hilario Aranda, destaca que demandarán «soluciones urbanísticas» al consistorio para que se demuestre que hay voluntad de reparar Cármenes de Mar. Los vecinos exigirán que se contemple en los presupuestos lo necesario para la ejecución de los arreglos, la estabilización de la ladera y la construcción de un nuevo vial, ya que el actual está en peligro de que colapse.
«Vamos a exigir que demuestren que hay voluntad para reparar la urbanización con un proyecto de obra y medidas provisionales para que los Cármenes del Mar no se sigan deslizando», destaca Aranda. «No esperamos colaboración. Sabemos, como ya se ha demostrado, que tratarán de dilatar el proyecto en perjuicio de los vecinos. El consistorio alegará que es incapaz de acometer los arreglos millonarios, pero la Junta de Andalucía se comprometió a dar créditos para solventar el problema», recuerda Aranda.
De acuerdo con el representante legal de los vecinos, los tribunales admiten la responsabilidad por «inactividad» del Ayuntamiento dado que se dio licencia de ocupación sin haber recepcionado la urbanización ni haber verificado la idoneidad de la obra. En 2006 se detectó un movimiento de tierra y la inmobiliaria Comarex presentó un proyecto en el Consistorio para estabilizar la ladera que sólo se ejecutó al 10%. Sin embargo se terminaron las obras y el Consistorio entregó el certificado final y la cédula de habitabilidad.
La urbanización comenzó a construirse a finales de 1990, pero los deslizamientos de tierra han dejado en estado ruinoso más de 100 casas y obligó a demoler la fase más próxima a la línea de costa. Los vecinos reciben este nuevo paso judicial con poco entusiasmo. Están hartos del rosario de pleitos, tanto por la vía civil como por la contenciosa-administrativa, sin «resultados efectivos». Se sienten desamparados y abandonados por las instituciones. Lamentan que ya ni siquiera se les responde a las quejas y peticiones formales que envían al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía.
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Cansancio vecinal
Los portavoces de la asociación de vecinos, Dolores García Raya, su marido, Manolo Díaz, y Claudio Rodríguez manifiestan su desesperación a un lío jurídico al que no le ven final. «No pedimos que nos arreglen las casas. Nos conformamos con poder sentirnos seguros con un acceso en buen estado, que no pueda colapsar, y que se estabilice de una vez por todas las laderas para que, si alguna vez logramos que se resuelva este entuerto, no vuelva a pasarnos.Ya nos encaremos de reparar nuestras casas si son capaces de cumplir con lo poco que le hemos pedido. De nada sirve hacer un nuevo acceso a la urbanización si con un corrimiento de tierra puede volver a pasarnos otra vez lo mismo», lamenta Díaz.
«Lo único que nos queda es cortar la autovía y quemar contenedores. Confiábamos en la justicia, pero a día de hoy seguimos sin ver resultados. Nos hemos gastado más de 200.000 euros en representación jurídica todos estos años y estamos hartos de que siempre se busque una salida para alargar el proceso y no asumir la responsabilidad», añade Dolores García, presidenta de la comunidad. Los afectados estiman que estabilizar la ladera costará de los 21 millones de euros.
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Este medio no ha logrado aún ponerse en contacto con el Consistorio. Sin embargo, el Ayuntamiento encargó por 15. 548 euros la redacción de un proyecto de ejecución de un nuevo vial de acceso a la urbanización.
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