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Javier Martín
El TSJA paraliza el derribo de la pista deportiva de La Herradura para evitar el posible cierre del IES

El TSJA paraliza el derribo de la pista deportiva de La Herradura para evitar el posible cierre del IES

Costas exigió demoler las instalaciones, construidas a pie de playa, pero un auto suspende de forma cautelar la orden por el daño que supone  para los 160 alumnos y profesores

Pilar García-Trevijano

Jueves, 18 de febrero 2021, 01:11

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha paralizado de forma cautelar el derribo de la pista deportiva de La Herradura para alivio del Ayuntamiento y de las 160 familias de los alumnos del instituto IES Villanueva del Mar, que utilizan las instalaciones para dar clases de gimnasia. La cancha fue construida en dominio público marítimo terrestre hace más de 50 años, cuando no estaba prohibido construir en la playa ni existía la Ley de Costas.

Las pistas prestan servicio a los alumnos del centro desde hace décadas, pero sobre ellas pesa una orden firme de demolición de la Dirección Provincial de Costas de Granada. El Ayuntamiento recibió una notificación en 2019 para que tirara la pista y se advertía que en el caso de incumplirse la resolución sería la propia Dirección provincial de Costas llevaría a cabo el derribo pasándole la factura al consistorio, una factura que superaría los 20.000 euros. Desde mayo de 2016, cuando Costas mostró intenciones de derribar la pista, el Ayuntamiento sexitano ha venido presentando alegaciones, a la par que trata de regularizar la situación de las instalaciones.

El consistorio ha logrado ganar algo de tiempo recurriendo a los tribunales. El letrado, Rafael Revelles, interpuso un recurso de reposición frente a la resolución de Costas del año 2019 para la suspensión cautelar del derribo y ahora el TSJA ha accedido en un auto, con fecha del 12 de febrero y en poder de este medio, a frenar de forma cautelar la demolición.

El TSJA adopta esta medida –al menos temporalmente– para evitar el cierre del centro educativo y las terribles consecuencias que tendría tanto para el alumnado como para los trabajadores del centro. «Es evidente que se produciría el cierre de un centro de Educación Secundaria que, además, se trata del único existente en la localidad de La Herradura. Al margen del indudable perjuicio que esta circunstancia podría deparar para el derecho a la educación de sus 160 alumnos, así como para el desarrollo de la actividad profesional del profesorado, la reposición de los terrenos al estado anterior obligaría a la demolición de las instalaciones, construidas hace más de 50 años», apunta el auto. La sala ha tomado la decisión después de que el consistorio haya acreditado que se ha presentado una solicitud para legalizar las instalaciones deportivas a Costas y, aunque el organismo aún no ha emitido respuesta, el consistorio «podría obtener el título habilitante», según indica el auto.

El TSJA entiende que no puede equipararse el daño que «de forma inmediata y directa se generaría tanto para el Ayuntamiento como para el alumnado y trabajadores del IES» la demolición como que se demore el derribo para que Costas pueda recuperar un espacio que le pertenece. Los magistrados han adoptado esta decisión a pesar de que el tribunal destaca en la resolución que al consistorio sexitano no «combatió» durante más de cuatro años la primera orden que dictó Costas en mayo de 2016 para recuperar el suelo.

El teniente alcalde de La Herradura, Juan José Ruiz Joya (PP), celebra la última resolución.El edil sexitano lleva años tratando de salvar las pistas, participando también en las protestas de los alumnos. «Es una muy buena noticia que se haya tenido a bien hacer esta suspensión cautelar. Creemos que es injusto y perjudicial para los alumnos del instituto porque el centro no dispone de recreo ni área deportiva y el ayuntamiento le cedió este espacio y el parque infantil de la herradura para su uso», explica Joya.

Un nuevo instituto con pistas

«Paralelamente, hemos iniciado el expediente de legalización de esas pistas para que la Junta de Andalucía dé su aprobación. Nuestras instalaciones estaban antes que la Ley de Costas del 88 y tienen un interés público. Su eliminación sería un grave perjuicio y podría suponer que no se mantengan los cursos de enseñanza en la localidad», concluye el edil.

Por su parte, el concejal de turismo y Playas, Daniel Barbero, también ha mostrado «su satisfacción» a este medio. «Era concejal de Educación cuando solicitamos la suspensión del derribo. Estamos pendientes de poder sacar adelante un plan de Urbanismo que dé solución definitiva para disponer unos terrenos para la ejecución de un nuevo instituto. El edificio donde se encuentra el centro, no estaba concebido para ser un instituto que le faltan instalaciones necesarias para nuestros jóvenes», sentencia Barbero.

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