La Herradura

La vida entre grietas en Cármenes del Mar

Cerro Gordo es un gran barranco y el agua provoca movimientos. Poco después de estar habitadas, algunas viviendas se derrumbaron, no aguantaron la fuerza de una naturaleza que quiso reclamar lo que era suyo a las familias que, sin culpa de la especulación, tenían el sueño de echar raíces allí. Otras tantas casas se tuvieron que desalojar y hay quien –pese a estar en teoría desalojado– no tiene donde ir porque invirtió todos sus ahorros en vivir frente al mar y todavía habita entre muros hostiles rayados de negras grietas. Los residentes acumulan a sus espaldas 20 años de lucha por tener un hogar seguro.

El promotor, bajo dos figuras societarias, Cerro Gordo S.L (Comarex) y Leibi Global, levantó hasta 415 viviendas en esta ladera inestable que sufre desprendimientos continuos. El constructor, los profesionales y las empresas encargadas de los estudios técnicos y el diseño de la urbanización –Bética de Ingeniería y Control, Vorsevi S.A.y Fundación Universidad Empresa –sabían que no era el sitio idóneo, pero la voracidad inmobiliaria en los tiempos de frenesí del ladrillo hizo que quienes gobernaban entonces el Ayuntamiento de Almuñécar dieran su beneplácito e impulsaran, a través de un plan parcial, la conversión de un solar rústico en urbano. Con la misma voracidad, las casas se agotaron sobre plano y sobre la marcha las grúas empezaron a levantar entre pinos más y más. En los 2000 se entregaron las primeras llaves. Cinco años después dos fases enteras estaban en ruinas, al borde del colapso.

El conflicto judicial suma ya más de una década en varios procedimientos distintos sin que, pese a las condenas, se haya estabilizado la ladera ni reparado el complejo. Para que no quede nada por intentar, como hay quien no tiene nada más que perder, los vecinos emprenden de nuevo acciones legales y reclaman en los tribunales el dinero de los seguros de responsabilidad civil de empresas y sus profesionales que fueron condenados. Unos seguros que han estado «escondidos» para no responder al coste, a juicio de los residentes.

90 familias afectadas de las fases Atarazanas y Pueblo han denunciado a varias aseguradoras en el juzgado de primera instancia número 33 de Madrid con el asesoramiento Abogasur, despacho que les ha acompañado en este rosario de pleitos. Suman en este proceso la defensa adicional de un bufete internacional especializado en la materia.

Tratan de conseguir dinero para ponerlo a disposición del Ayuntamiento de Almuñécar, administración que la justicia consideró en un proceso paralelo responsable subsidiaria y está condenada al arreglo millonario de la urbanización.

La semana pasada, la localidad sexitana aprobó en un pleno pedir para Cármenes del Mar la declaración de zona de emergencia, una muleta para conseguir financiación que ya se exploró en otras ocasiones sin resultados. Los residentes están desesperados. Para entender la magnitud de esta catástrofe urbanística y el escepticismo de sus víctimas, hay que remontarse a la primera demanda.

Hilario Aranda, abogado de los afectados, recuerda que en el año 2010 asumió el caso, un procedimiento judicial por la vía civil en cuatro de las siete urbanizaciones que componen Cármenes del Mar. Tanto la promotora como el resto de las empresas implicadas en la urbanización fueron condenadas solidariamente por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 12 de Granada a reponer la urbanización en su estado original y estabilizar la ladera. El procedimiento se agotó hasta el final con un recurso de casación en el Tribunal Supremo.

Cuando se obtuvo la sentencia en primera instancia, la promotora se deshinchaba y más tarde se declaró en quiebra, entró en concurso de acreedores. Los vecinos que no querían poner todos los huevos en la misma cesta abrieron de forma paralela un proceso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Los consideraban responsables subsidiarios de lo ocurrido.

En la época en la que se aprobó el plan que permitió la construcción del residencial, la Junta había transferido las competencias urbanísticas al Ayuntamiento. Para salvar el obstáculo de la inestabilidad del terreno, el promotor presentó un informe pericial que aseguraba que se estabilizaría la ladera mientras se construía. Ese proyecto de estabilización se empezó a ejecutar en el 2007 con todas las casas ya construidas y se abandonó solo con el 10% terminado. Como el Ayuntamiento dio licencia para las obras, la posterior estabilización y había dado licencia de ocupación sin haber recepcionado la urbanización porque los técnicos municipales la rechazaron por los defectos, en 2020 el TSJA condena al consistorio a reparar Cármenes del Mar en sustitución del promotor. Un año más tarde se desestimaba el recurso de casación ante el Supremo de los sexitanos; Tenían que apechugar.

Esa es la sentencia que se intenta cumplir. Recientemente, los vecinos han exigido su ejecución, y el Ayuntamiento de Almuñécar no se ve capaz de asumirla.

Con los años, el deterioro es cada vez mayor y más costoso. En 2007, la promotora estimó que el arreglo con 52 pilotes de la ladera costaría 3,6 millones. Desde entonces, se han realizado cerca de cinco estudios adicionales que han valorado las obras en 15, 26 y 44 millones de euros. Recientemente, el Ayuntamiento ha presentado un nuevo informe en el juzgado para respaldar que es incapaz de asumir el arreglo. Estima que la estabilización de la ladera y del residencial costará entre 50 y 80 millones de euros; más que un desglosado de las canalizaciones de Rules. De ahí el interés de los afectados en conseguir la póliza de seguros de las empresas condenadas y poner esa cantidad a disposición del consistorio, que en el caso de que los vecinos consigan el dinero estudiará las posibilidades legales de emplear el montante y el vehículo para formalizarlo.

El consistorio, con la petición de declaración de emergencia pretende abrir la vía de conseguir financiación y ayuda de otras administraciones para reparar la ladera. Formalizar esa declaración es complejo y ha fallado en otras ocasiones. De momento, de la sentencia el Ayuntamiento solo ha podido iniciar la construcción de un nuevo acceso a los Cármenes del Mar ante el riesgo de colapso del actual. Durante las obras, actualmente en ejecución, la maquinaria pesada y el paso de camiones han ocasionado daños y algunos derrumbes, lo que ha obligado a variar la ejecución y construir desde los altos del complejo. El alcalde, Juan José Ruiz Joya, confía en que el vial esté listo para verano y destaca que su prioridad será salvaguardar la seguridad de los residentes, abriendo los cauces necesarios para solventar un asunto muy complejo, que se enquista y que ha agrietado las vidas de muchos vecinos.